Xnet registra en el Congreso la primera transposición de Ley de Alertadores de la UE

Xnet registra en el Congreso la primera transposición de Ley de Alertadores de la UE

Una iniciativa de Xnet, miembro de WIN (Whistleblowing International Network)

 

Una proposición de ley redactada por Xnet, y registrada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2019 nada más abrir el registro según la metodología Do It Yourself habitual que aplica Xnet – toda verdadera democracia es una colaboración y no una subordinación entre sociedad civil organizada y los representantes de la ciudadanía en las instituciones – ( https://xnet-x.net/hazlo-tu-proposiciones-ley-congreso/ ) con el apoyo inicial de los varios diputados que se comprometieron a apoyarla antes de las elecciones.

Una proposición de ley que, de ser aprobada, convertiría a España en el primer país de la Unión en aplicar la Directiva Europea de Alertadores, una directiva aprobada con un amplio consenso de todos los grupos en el Parlamento Europeo el pasado mes de abril (591 votos a favor, 29 en contra, 33 abstenciones).

El acto ha contado con la presencia de:

Xnet: Simona Levi, fundadora de y coautora de la redacción junto con Miriam Carles, jurista; Sergio Salgado, co-portavoz

Luis Gonzalo Segura, el ex-teniente del Ejército de Tierra y alertador

José María Molinedo, Secretario General del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

Pam Bartlett Quintanilla, activista por la democracia y asesora del eurogrupo de Los Verdes/ALE, una de las personas que más han trabajado este dossier en el Parlamento Europeo

Julio Martínez, presidente de la Plataforma por la Honestidad

– Los diputados Xavier Eritja (ERC) y Joan Baldoví (Compromís) en representación de las diputadas y diputados firmantes

Durante la presentación, se ha informado de la ronda de conversaciones que Xnet ha iniciado con otros grupos parlamentarios que tenían la protección de los alertadores en su programas tales como Ciudadanos., con el objetivo de conseguir el consenso que permita su tramitación y aprobación con la mayor brevedad.
También se contactaron diputados de En Comú Podem del grupo parlamentario de Podemos, pero todavía no se ha recibido respuesta…(sic).

 

El registro de esta proposición de ley redactada por Xnet ha recibido el apoyo de Mme Virginie Rozière, del eurogrupo socialista y relatora de la Directiva:
“Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour ce travail important et sommes à votre disposition pour tout soutien.”

Y un amplio apoyo internacional a través del siguiente comunicado:

“Las organizaciones y personas abajo firmantes, todas ellas con un largo recorrido en la lucha para la aprobación de normativas que defiendan quienes alertan para destapar abusos sistémicos, damos nuestro apoyo a la Proposición de Ley de Defensa Integral de los Alertadores creada por Xnet.

Es un hito extremadamente importante por ser la primera transposición de la Directiva Europea de Defensa de los Alertadores/Whistleblowers por la que hemos luchado. Esperamos que sea un ejemplo que se replique con los mismos estándares en muchos otros estado europeo.

Deseamos que el gran acuerdo alcanzado con la Directiva en el Parlamento Europea (591 a favor, 29 en contra, 33 abstenciones) pueda repetirse también en el Congreso de los Diputados de España.»

Whistleblowing International Network (WIN) – Anna Myers
The Signals – Delphine Halgand
Blueprint For Freespeech – Suelette Dreyfus
Government Accountability Project – Tom Devine
European Center for Whistelblower Rights – Mark Worth
Eva Joly – Anticorruption, magistrate and former MEP
Protect – Francesca West
The Ethicos Group Australia – Howard Whitton
Renewable Freedom Foundation – Moritz Bartl
WeMove Europe
Transnational Institute – Fiona Dove
Homo Digitalis – Eleftherios Chelioudakis
Debt Observatory in Globalisation (ODG)
Cristina Flesher Fominaya – Social Politics and Media, University of Loughborough
 

«La única forma en que las leyes de protección de los alertadores pueden suponer un cambio real es que sean desarrolladas y respaldadas por una sociedad civil que entienda los desafíos y las oportunidades que tiene la protección de los alertadores para el interés general», declara Anna Myers, Directora Ejecutiva WIN «WIN está encantada de que Xnet haya tomado la iniciativa en Europa para integrar la nueva Directiva de la UE en una ley de alertadores en España que refleja la experiencia española y aborda los desafíos legales y sociales a los que se enfrentan los que destapan cuestiones de interés público en ese país. ¡Ahora es el momento de presionar por conseguir estas leyes en toda Europa, leyes que realmente marquen la diferencia!»

Whistleblowing International Network (WIN)

 

El pasado mes de abril, Xnet celebraba la aprobación de la Directiva Europea de Alertadores (whistleblowers), un texto que en muchos sentidos considera propio y en el que reconoce muchas de las enmiendas que ha presentado durante su elaboración, así como la presión que han ejercido las organizaciones internacionales de que forma parte, para elaborar esta herramienta legal.

La definición de alertador con estrechamente vinculada al interés general, el reconocimiento de la posibilidad de anonimato por parte del alertador, impedir el uso indebido de la protección de datos o de los secretos empresariales para invalidar pruebas de abusos o la libertad en la elección de canales de denuncia ( https://xnet-x.net/propuestas-modificaciones-borrador-directiva-ce-proteccion-alertadores-whistleblowers/ ), son algunas de las principales enmiendas que Xnet planteó en su momento, y que fueron incluidas en la versión definitiva de la directiva para su aprobación por su relatora, la eurodiputada del grupo socialista Virginie Rozière ( https://xnet-x.net/aceptadas-nuestras-enmiendas-en-defensa-alertadores-whistelblowers/ ).

La Directiva y por consecuencia esta Proposición de ley significaba un punto de inflexión en el reconocimiento y la protección legal de la figura del alertador a nivel europeo, dotado a partir de ahora de una legislación fuerte y transversal, en favor no solo de la lucha contra la corrupción y el fraude, sino también contra cualquier abuso en todos los ámbitos de interés general: la salud, el medio ambiente, la justicia, la democracia, la protección de los consumidores… Un espectro especialmente relevante para un país en que, por una parte, los alertadores carecen de protección alguna, y que, por otra parte, padece un alto grado de corrupción.

Además abarca tanto al sector público como al privado.

Democracia real es también la vigilancia de las instituciones por parte de la sociedad civil.
A pesar de que la alerta de irregularidades es esencial para proteger el interés público y para mantener la rendición de cuentas y la integridad en lo público y en lo privado, los alertadores alertan con un alto riesgo personal. Denunciar abusos no debería ser un acto heroico. Debería formar parte de la normalidad, una normalidad tan asumida que su efecto disuasorio la haría casi innecesaria. El 70% de los casos de corrupción los destapan personas que sufren represalias y persecuciones.

Es por ello que hace falta una ley que sea capaz de corregir la asimetría de fuerzas entre los ciudadanos y las instituciones o las corporaciones que imposibilita que las personas puedan cumplir con el deber ciudadano de alertar sobre delitos y comportamientos impropios, regularidades o actividades ilícitas que afectan al interés general sin por ello ser objeto de represalias.

Esta proposición de Ley Integral de Alertadores contiene los estándares internacionales más exigentes. Se ha creado por un lado integrando las experiencias más rigurosas de otros países, y, por otro, adaptando los elementos de la directiva europea y profundiza en los aspectos que dependen de su trasposición nacional.

Entre ellos, cabe destacar:

1 – Primero de todo una solución jurídica extremadamente innovadora propuesta por Xnet emanada del espíritu de la Directiva y partiendo se sus experiencia en la lucha contra la corrupción y el uso de buzones para que la ciudadanía pueda “filtrar” indicios de abusos sistémicos de forma segura y anónima: la distinción entre denuncia y alerta, un aspecto clave en la tipificación misma del alertador. Esta ley quiere ir más allá de los artículos 259 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que plantean una responsabilidad distribuida en la protección del interés general, y corregir la dificultad de su cumplimiento debido a la exposición a la que se someten las personas alertadores.

La instituciones que tienen la responsabilidad de investigar de oficio los “delitos públicos” o sea que afectan al interés general, solo necesitan de la “Notitia Criminis” para actuar; no necesitan exponer un ciudadano de a pie para cumplir con su deber.

2 – La extensión de la protección legal a los facilitadores de alertas, personas físicas o jurídicas como plataformas ciudadanas, ONGs o medios de comunicación que permiten que aflore la alerta dada por los alertadores sin perjuicio del derecho a la información y a la protección de los profesionales de la misma. La experiencia de Xnet por las personas que ha ayudado y la información que ha destapado, es que muchas veces los canales institucionales no funcionan y se requieren otros canales para que la información sea efectiva en tiempo útil.

3 – Para corregir esta deficiencia sistémica, se refuerza el rigor de los canales de alerta a través de la experiencia pionera de Xnet con los Buzones de Alerta en la instituciones, empezando por el que ha instalado en el Ayuntamiento de Barcelona ( https://xnet-x.net/buzon-denuncias-anonimas-ciudad-barcelona-bustia-etica/ ), que fue el primer buzón anónimo gubernamental en utilizar tecnologías de anonimato con Tor. Esta experiencia, de la mano de Xnet, se está replicando masivamente en Instituciones española ( https://xnet-x.net/clonacion-buzon-xnet-antifrau-catalunya/ ) como la Agència Antifrau de Valencia liderada por Joan Llinares ( https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-asi-buzon-agencia-antifraude-ciudadania-ayude-destapar-casos-corrupcion-20180524144511.html ) y en breve se instalará probablemente en la CNMC, entre otras.
El anonimato es más robusta protección y democrática protección que se le puede ofrecer a un ciudadano alertador (como ha reconocido por diferentes disposiciones del ordenamiento legal español, organizaciones como la ONU y ahora también esta Directiva). Por esto la Proposición detalla las características de los canales que lo garanticen y las sanciones férreas de los canales (institucionales o no) que se dicen anónimos y no lo son realmente ( https://xnet-x.net/proliferacion-buzones-anonimos-no-lo-son/ ).

En pocas palabras, sin la posibilidad para la fuente de mantener su anonimato, cualquier ley de defensa de los alertadores es una falacia y una nueva Stasi que recopila listados de “delatores” para chantajearles en sus juegos de poder.
Hemos escrito mucho al respecto ( https://xnet-x.net/buzon-denuncias-anonimas-ciudad-barcelona-bustia-etica/ ).
Pero qué mejor ejemplo que la realidad: en el año anterior al que implementamos el Buzón de Denuncias Anónimas en el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento recibió 63 denuncias de corrupción o ilícitos. 
Este año, según reporta el informe del propio Ayuntamiento y expone la letrada Directora de Análisis de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, Rosa Sánchez Sánchez, se recibieron 400 denuncias de las que más de la mitad son anónimas.

La diferencia entre testigo (que todos entendemos que debe protegerse) y alertador, es que el alertador informa sobre actuaciones que afectan el interés general.

4 – El único punto en el que se ha debido reducir las ambiciones iniciales, es en la constitución del Organismo Autónomo. Esta no era la primera intención, sino la de crear un Juzgado especializado, como se hizo con la violencia de género. Finalmente se ha descartado esta posibilidad demasiado ambiciosa ya que implicaría modificar leyes orgánicas. Nos hemos inspirado en la Autoridad Autónoma de Valencia, dirigida por Joan Llinares, al ser la que tiene una estructura más democrática e independiente.
 

La plantilla de Ley de Xnet se ha replicado ya en el Parlament Català (junio 2018) – donde se ha registrado ya con apoyo mayoritario de ERC, PSC, Comuns, Junts per Cat y CUP – y en el del País Vasco (enero 2019) – de la mano de Cristina Macazaga y el equipo jurídico de Elkarrekin-Podemos que han defendido su tramitación el mismo día de la presentación de esta Proposición en el Congreso.