Plantilla para Proposición de Ley de Protección Integral alertadores

Plantilla para Proposición de Ley de Protección Integral de los Alertadores

[Esta legislación está en fase de enmienda colectiva e internacional – Si queréis enviar enmiendas u observaciones, os pedimos que sean en forma de redactado exacto de las partes que queréis cambiar. Enviadlas a -> contact@xnet-x.net

Una vez acabado de enmendar, este texto quiere ser una base exhaustiva para crear legislaciones de protección de alertadores adaptándolo a las necesidades, cultura y contexto de cada país, nación o región. Os invitamos a presentarlo en vuestro parlamento para su implementación.

Licencia: tal y como hemos hecho nosotros en la exposición de motivos donde se reseñan todos los trabajos en los que nos hemos inspirado, cuando la adoptéis os pedimos reconocer la autoría de la fuente, en este caso Xnet.

Otra información relacionada -> Proliferación de buzones seguros y anónimos que no lo son:
https://xnet-x.net/proliferacion-buzones-anonimos-no-lo-son/]

 

PROPUESTA DE TEXTO ARTICULADO DE LA
PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS ALERTADORES

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.- Objeto.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.- Ámbito subjetivo de aplicación.

CAPÍTULO II. DEFINICIONES
Artículo 3.- Definiciones.
Artículo 4.- Informaciones que constituyen alerta.

TÍTULO II. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE TRANSMITAN INFORMACIONES CONSTITUTIVAS DE ALERTA
CAPÍTULO I. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS ALERTADORES Y FACILITADORES
Artículo 5.- Derechos que asisten al alertador y al facilitador.
Artículo 6.- Derecho a la seguridad.
Artículo 7.- Derecho a la confidencialidad y el anonimato del alertador.
Artículo 8.- Derecho a la información y acceso al procedimiento.
Artículo 9.- Derecho al asesoramiento y defensa jurídica.

CAPÍTULO II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA OCUPACIÓN O ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS ALERTADORES
Artículo 10.- Medidas comunes.
Artículo 11.- Medidas de protección al alertador funcionario o empleado de las administraciones públicas.
Artículo 12.- Medidas de protección del alertador empleado por cuenta ajena en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.
Artículo 13.- Medidas de protección de la actividad económica o profesional del alertador ocupado por cuenta propia.

CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ALERTADORES POR LA REVELACIÓN DE INFORMACIONES QUE CONSTITUYEN ALERTAS
Artículo 14 .- De la responsabilidad del alertador.

TÍTULO III. SISTEMAS DE INFORMACIÓN O CANALES DE RECEPCIÓN DE ALERTAS
Artículo 15.- Libertad de elección.
Artículo 16.- Sistemas internos.
Artículo 17.- Sistemas externos.
Artículo 18.- Protección de la confidencialidad o anonimato.

TÍTULO IV. LA PROTECCIÓN JUDICIAL DE LOS ALERTADORES
Artículo 19.- Secciones especializadas en los Juzgados y Tribunales.

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 20.- Régimen jurídico.
Artículo 21.- Obligación de denunciar.
Artículo 22.- Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 23.- Infracciones.
Artículo 24.- Sanciones.
Artículo 25.- Proporcionalidad en la imposición de sanciones.
Artículo 26.- Prescripción.
Artículo 27.- Indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 28.- Caducidad del procedimiento.

OTRAS DISPOSICIONES
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera . Comisión de Seguimiento
Disposición adicional segunda . Modificación de la legislación sobre asistencia jurídica gratuita

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogación de normas
DISPOSICIONES FINALES
Única. Entrada en vigor

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ley quiere contribuir a consolidar los sistemas de control y denuncia de irregularidades en el ámbito público y privado, ofreciendo en ambos sectores una protección integral a los alertadores de informaciones que revelen irregularidades y acciones y omisiones dolosas o imprudentes susceptibles de causar daños y amenazas al interés general. Además de regular los canales de denuncia internos y externos de administraciones, empresas y entidades, estableciendo qué obligaciones deben cumplir los responsables públicos y privados, así como las consecuencias que en el ámbito del procedimiento sancionador se puedan derivar de su incumplimiento para poner fin con todas estas medidas, y desde el consenso social, a los abusos sistémicos.

Esta Proposición de Ley ha sido redactada por Xnet*, grupo ciudadano que trabaja para la renovación democrática en la era digital, partiendo del Decálogo para la Protección de los Denunciantes y Alertadores del Grupo de Trabajo Ciudadano contra la Corrupción del que Xnet es miembro fundador y de cuanto establece nuestro ordenamiento jurídico como principio, cuanto al deber de todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de un delito de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente tal y como se manifiesta en los artículo 259 y 262 de la Ley Enjuiciamiento Criminal. La Proposición se construye integrando, adaptando y actualizando varias fuentes, textos ya en uso o a debate en otros ámbitos temáticos o geográficos. Dichos textos son principalmente On Prevention of Corruption Act No. 1700-VII (Ucrania, 2014), The Protected Disclosures Act (Irlanda, 2014), Dutch Whistleblowers Act (Netherlands, 2016) y Whistleblower protection act (Hellenic Anticorruption Organization, Grecia, 2017), los Principle for Whistleblower Protection, de la organización Blueprint for Free Speech, las recomendaciones de – entre otros – Whistleblowers International Network, European Center for Whistleblower Rights, Public Concern, Whistleblowing for Change, Courage Foundation, Expose Facts, varias sentencias de la European Court of Human Rights, la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana y, en la medida en que se ha tomado de referencia su modelo de protección integral de las víctimas, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y del Estatuto de Protección de la Víctima del Delito 4/2015, de 27 de abril.
Además incluye las directrices de la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las “Medidas Legítimas para la Protección de los Denunciantes de Irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos” y de la Propuesta de Directiva Europea para la Protección de las Personas que Reportan Infracciones en Áreas de Competencia de la Unión Europea del 17 de abril de 2018.

En el ámbito de las administraciones públicas cuya actuación se rige por los principios de legalidad y de eficacia de los poderes públicos, así como en el de las empresas privadas cuyo tamaño o volumen de tráfico afectan a derechos e intereses de una gran parte de la sociedad en la que operan, la transparencia debe ser la norma y el secreto la excepción.

La colaboración de los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada con la denuncia de irregularidades es uno de los medios más eficaces para exponer y combatir la corrupción y los abusos que afectan a toda la sociedad. Además de los problemas morales, jurídicos y políticos que ello comporta, no dejan de ser problemas técnicos y como tales pueden también ser abordados pragmáticamente para ser resueltos de manera concreta y eficaz.

El tenor literal del artículo 259 de la ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la obligación, de cualquiera que presenciare la perpetración de cualquier delito público, de ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare. Asimismo, el artículo 264 del mismo texto legal establece que quien, por cualquier medio diferente de los mencionados en los artículos precedentes, tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella.

Pero como regla general, los denunciantes que alertan a menudo lo hacen con un alto riesgo personal, y como resultado suelen sufrir un gran coste profesional y personal a pesar de que la denuncia de irregularidades es esencial para proteger el interés público y para mantener la rendición de cuentas y la integridad tanto en el sector público como en el privado.

Es por esto que se necesita una ley que proteja a quien presencie cualquier tipo de abuso y que le permita aportar pruebas de ello sin recibir represalias. De lo contrario, la desprotección para los llamados whistleblowers o alertadores – y para quienes facilitan su acción – frente a las persecuciones que pueden sufrir – desde acciones legales por presuntos delitos contra el honor, la protección de datos personales o la propiedad intelectual de los defraudadores hasta casos de mobbing, acoso o despido cuando se trata de empleados o directivos de corporaciones públicas o privadas -, se convierte en una abrumadora losa de gastos y agravios que disuade a la mayoría de denunciar o revelar comportamientos ilícitos, irregularidades o delitos.

Si a ello sumamos las dificultades probatorias y los costes inherentes a los procedimientos judiciales asistimos a una situación de asimetría de fuerzas entre los ciudadanos y las instituciones o las corporaciones que imposibilita de facto que las personas puedan cumplir con el deber ciudadano de denunciar los delitos de los que se tenga conocimiento, así como denunciar comportamientos impropios, irregularidades o actividades ilícitas.

La presente Ley quiere contribuir a consolidar los sistemas de control y denuncia de irregularidades existentes en el ámbito público y privado, que ya ofrece en general el sistema judicial mediante la protección de testigos y peritos, pero se quiere expresa y adicionalmente ofrecer una protección integrtal a los alertadores y facilitadores, o sea a cualquier persona que comunique informaciones que revelen daños o amenazas al interés general y que exceda de la mera protección penal para alcanzar también la indemnidad incluso cuando las conductas comunicadas no sean constitutiva de un ilícito penal.

En el mundo anglosajón desde 1778 existen legislaciones de protección de los whistleblowers -quien usa el silbato para dar la alerta-, que traduciremos como “Alertadores”. La primera definición jurídica es del 1972 cuando el defensor del consumidor estadounidense Ralph Nader. Whistleblowing como “un acto de un hombre o mujer que, creyendo que el interés público anula el interés de la organización a la que sirve, hace sonar el silbido de que la organización está involucrada en actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o dañinas.”

Según la Dirección General Grow de la UE “se estima que la corrupción en la UE costará 120 mil millones de euros al año, lo que representa aproximadamente el 1 por ciento del PIB total de la UE. La contratación pública es una de las actividades del gobierno que es más vulnerable a la corrupción. Solo en esta área, se estima que el riesgo de riesgo de corrupción le cuesta a la UE EUR 5,3 mil millones anuales. La protección de los denunciantes, que informan o divulgan información sobre las amenazas al interés público que presenciaron durante su trabajo, puede contribuir a la lucha contra la corrupción y a la salvaguardia de los derechos fundamentales en la UE.” Según el estudio “Global Fraud Study” by ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) de 2014 que analiza más de 2400 casos de fraude en 114 países, alrededor del 40 por ciento de todos los casos de fraude detectados son descubiertos por alertadores.

El pasado 24 de octubre de 2017 el Parlamento Europeo adoptó una resolución en favor de desarrollar medidas legítimas para proteger a los alertadores (whistleblowers) en toda la Unión Europea que actúan en nombre del interés público al divulgar información confidencial de empresas y organismos públicos que pone de relieve irregularidades y delitos.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta la denuncia de irregularidades como una forma de libertad de expresión protegida en virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que todos los países de la UE son partes.

Además la protección jurídica de los denunciantes permite reflejar el objetivo perseguido por el artículo 151 del Tratado Fundacional de la UE, leído en relación con el artículo 153, apartado 1, letra b) del mismo sobre la mejora de las condiciones de trabajo y la legislación de la UE protege a los denunciantes mediante varias normativas como la Directiva sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La Resolución aprobada por el Parlamento UE de 24 de octubre de 2017 contiene recomendaciones muy importantes, reflejadas en esta ley, para medidas que contemplan la posibilidad de denuncia anónima, la posibilidad de denuncia directa a terceros como la prensa u ONGs, además de medidas de protección laboral, legal, física y económica de aquellos que denuncian corrupción y abusos. La resolución contempla una legislación de protección de alertadores fuerte y transversal que abarque tanto los sectores públicos como privados y en favor de la lucha contra la corrupción y el fraude, la justicia, la salud, el medio ambiente y la democracia.

El uso de herramientas tecnológicas ahora permite ser más eficientes en la protección de la confidencialidad y anonimato de quien aporta información relevante. Esto permite corregir la mencionada asimetría. Debemos preservar el anonimato de las personas privadas porque son vulnerables cuando se exponen para proteger el bien común.
La diferencia entre anonimato y confidencialidad es que el anonimato es el único que permite a la fuente de la información controlar en su totalidad su propia protección y el uso que se hace de la información. Ha quedada ampliamente demostrada la vulnerabilidad y porosidad de los sistemas de denuncia que se basan en la mera confidencialidad. Conlleva además peligros inherentes a que se centralice todo el poder (la información) en manos de unas pocas personas (directivos de corporaciones o superiores jerárquicos en las administraciones públicas).
Es evidente que las corporaciones e instituciones deben cumplir sus deberes de transparencia e implementar sistemas de vigilancia de irregularidades. Aún así no es posible evitar abusos confiando en una suerte de autoregulación ya que el fraude y la corrupción se dan en posiciones privilegiadas respecto a tales sistemas internos. Por esto debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece ahora la tecnología y trazar cauces que nos permitan una vigilancia ciudadana distribuida.

El anonimato es la más robusta protección que se le puede ofrecer a un ciudadano alertador y ya ha sido reconocido como cauce justo y necesario en España por la Fiscalía en sus recomendaciones desde 1993, así como por diferentes disposiciones legales de nuestro ordenamiento y por organizaciones como la ONU en su Report on Encryption, Anonymity, and The Human Rights Framework de 2015.

La presente ley se divide en cinco Títulos, comenzando por un Título Preliminar que expone el objeto de la ley que no es otro que establecer medidas para la protección de las personas que revelen informaciones sobre actuaciones ilícitas o malas prácticas que afecten al interés general, además de regular los canales de denuncia internos y externos de las administraciones, empresas y entidades, estableciendo qué obligaciones deben cumplir los responsables públicos y privados, así como las consecuencias que en el ámbito del procedimiento sancionador se puedan derivar de su incumplimiento para poner fin con todas estas medidas, y desde el consenso social, a los abusos sistémicos desde un punto de vista ético, democrático, jurídico y social.

El Título Primero define tanto el ámbito subjetivo de aplicación de la ley (Capítulo I), como qué informaciones constituyen alerta a los efectos de ésta ley y quienes son considerados alertadores y facilitadores de la información (Capítulo II). Con estas especificaciones se ha querido extender la protección no sólo a las personas denunciantes conocedoras de informaciones sobre fraudes o actuaciones corruptas de las corporaciones públicas y privadas incluidas en el ámbito de esta norma, sino también a los facilitadores de las alertas: personas físicas o jurídicas tales como ONGs, plataformas ciudadanas o medios de comunicación, entre otros, que permiten que aflore la alerta dada por un alertador. La superposición de facilitadores es una práctica común de los whistleblowers o alertadores cuando encuentran quien les garantice su anonimato y seguridad personal y familiar, que es el objetivo prioritario que persigue esta ley, siendo compatible el sistema de garantías de los alertadores también para la protección del facilitador en su caso. Por otra parte, si bien en otros países, como Estados Unidos o Alemania, tienen la consideración de alertadora la persona que actúe como tal a cambio de una remuneración económica o contraprestación patrimonial, en el contexto español, con un alto grado de corrupción, se ha considerado más oportuno omitir esta posibilidad para que el criterio de convicción razonable de la veracidad de la información constitutiva de alerta no pudiera verse enturbiado por este supuesto y en ningún caso se pudiera entrar en la valoración de las motivaciones prácticas o éticas del alertador.

El Título Segundo recoge, en su Capítulo Primero, los derechos y garantías que asisten a los alertadores y facilitadores de informaciones que constituyen alertas, desde el derecho fundamental a la seguridad personal y familiar (artículo 6) hasta el derecho a la confidencialidad y el anonimato como herramientas básicas del alertador (artículo 7), pasando por el derecho a la información y acceso al procedimiento a que dé lugar su alerta o denuncia (artículo 8) e inclusive el derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 9), como garantía para afrontar los procedimientos judiciales que puedan incoarse contra su persona como consecuencia de la alerta y que de otro modo supondrían un freno económico al impulso de las denuncias contra el fraude, la corrupción y otros delitos.

El Capítulo Segundo contempla las medidas concretas de protección a los alertadores para preservar su empleo o actividad económica, que suelen ser el blanco de las represalias más habituales ante este tipo de alertas ciudadanas. Se han tenido en cuenta tanto el supuesto en el que el alertador forma parte de la propia estructura orgánica o corporativa que resulta afectada por las irregularidades o malas prácticas denunciadas, como el en que es externo a ella o que tenga una ocupación por cuenta propia.

Y el Capítulo Tercero como reverso a este sistema de derechos y garantías ha venido a establecer un régimen de responsabilidad de los alertadores, a los que se exige que tengan una convicción razonable acerca de la verosimilitud y fiabilidad de la información que comunican o revelan. Así, aunque el peso de la comprobación de la posible constitución de delitos o acciones contra el interés público debe recaer sobre el organismo o institución a cargo de la investigación y no sobre el alertador, sí se le exige una responsabilidad ante la alerta sustrayendo de la protección que dispensa esta Ley a cualquier persona que, a sabiendas de su falsedad o inexactitud, utilice el sistema de alertas para comunicar informaciones que no se ajusten a la realidad. Dicho comportamiento es castigado expresamente por esta Ley a fin de no desvirtuar la colaboración ciudadana digna de protección y que se ha mostrado indispensable para luchar contra la corrupción.

El Título Tercero se dedica a regular los sistemas de información o canales de denuncia de que disponen los alertadores, primando su libertad de elección (artículo 15) así como respetando los propios ritmos en la implantación de sistemas internos de denuncia en corporaciones y entidades públicas y privadas, pero siempre garantizando que los canales que se pongan a disposición de los alertadores serán anónimos y seguros o, en su defecto, se informará de la no concurrencia de tales cualidades (artículo 16.3) para que los ciudadanos sepan de antemano a que riesgos estarán exponiéndose y que protecciones les asisten.

Se centra el Título Cuarto en encargar a los Jueces de Instrucción la misión de velar por el cumplimiento de la ley en cuanto a protección efectiva de los alertadores, asignando a uno solo de ellos en cada partido judicial las diligencias derivadas del sistema de alertas, que además deberán conocer y manejar mediante la implantación de un canal de denuncia y de información al público en dicha sección judicial especializada.

Por último el Título Quinto prevé el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección de alertadores, con un catálogo de infracciones (artículo 23) y sanciones (artículo 24) que pretenden disuadir acciones que menoscaben la indemnidad de los alertadores y de los facilitadores y al mismo tiempo castigar tales conductas y resarcir a las víctimas para el caso de que la represalia ya haya tenido lugar.


TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.- Objeto.

1. Esta Ley tiene por objeto establecer medidas para la protección de las personas que revelen informaciones sobre irregularidades o acciones u omisiones que produzcan ilícitos o malas prácticas que sean contrarias o lesivas al interés general y que se produzcan en el ámbito de las administraciones y sector público y empresas o entidades públicas y privadas.

2. La presente Ley también regula los sistemas de información o canales de denuncia de que dispongan administraciones, empresas y entidades para la recepción de dichas informaciones.

3. Finalmente, la ley regula los órganos judiciales y administrativos encargados de velar por el cumplimiento de las medidas de protección establecidas y para la tramitación de los procedimientos de comprobación de las actuaciones denunciadas.


TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.- Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La presente ley será aplicable a las administraciones públicas siguientes:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las sociedades mercantiles dependientes de las administraciones públicas, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.

2. La ley se aplicará asimismo a las corporaciones de Derecho Público, La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100, las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones y las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo.

3. La presente ley será también de aplicación a las siguientes personas jurídicas:

a) Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.

b) Las entidades privadas de cualquier naturaleza que perciban ingresos públicos, cuando reúnan alguna de las dos circunstancias siguientes:

– cuando durante el período de un año perciban ayudas, subvenciones o cualquier otro tipo de ingreso proveniente de las entidades enumeradas en los dos apartados anteriores, por cuantía superior a 100.000 euros.

– cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que las mismas superen la cantidad de 50.000 euros.

c) Las sociedades privadas cuyo volumen de negocio anual sea igual o superior a dos millones de euros o cuando se integren en un grupo empresarial cuyo volumen iguale o exceda dicha cifra.
 


CAPÍTULO II. DEFINICIONES
Artículo 3.- Definiciones.

A los efectos de esta Ley se entiende por:

a) Alertador o alertadora: cualquier persona que teniendo una convicción razonable sobre la fiabilidad de una información constitutiva de alerta a la que haya tenido acceso, la pone en conocimiento de terceros mediante denuncia administrativa, o ante la autoridad judicial o el ministerio fiscal o a través de un canal de recepción de alertas. No tendrá la consideración de alertadora la persona que actúe como tal a cambio de una remuneración económica o contraprestación patrimonial de cualquier índole. Con esta salvedad, será irrelevante la motivación del alertador.

b) Información constitutiva de alerta: cualquier información que, acompañada de elementos probatorios o indicios consistentes, permita sospechar fundadamente sobre la posible perpetración de irregularidades, hechos ilícitos, contrarios al ordenamiento jurídico o constitutivo de malas prácticas cuyas consecuencias no sólo afecten a la administración o entidad privada en las que sean llevados a cabo sino que trasciendan y sean susceptibles de perjudicar el interés general.

c) Facilitador o facilitadora: es la persona física o jurídica que contribuye, facilita o ayuda al alertador a revelar o hacer pública la información constitutiva de una alerta.

d) Canales de recepción de alertas: son sistemas o mecanismos de comunicación y recepción de alertas que se ponen a disposición de cualquier persona que posea información que pueda constituir una alerta, siempre que reúnan los requisitos especificados en el Título III de la presente ley. Estos canales pueden ser internos, cuando son establecidos por la propia administración o entidad pública o privada para las alertas referidas a su ámbito de actuación, o externos, cuando son canales habilitados por cualquier otra entidad o plataforma que se ponen a disposición de cualquier persona y sobre alertas de cualquier ámbito.

e) Interés público: 1) administración pública y organización administrativamente dependientes de la administración pública; 2) cualquier entidad que afecte a más del 10% de la población de una circunscripción legal.
 

Artículo 4.- Informaciones que constituyen alerta.

1. Las informaciones objeto de alerta pueden ser sobre hechos ilícitos o malas prácticas que dañen o amenacen el interés general, con independencia de que se hayan ya consumando, ejecutado, estén en fase de tentativa o se tenga indicios de que se van a producir, o que se produzcan dentro o fuera del territorio del Estado.

2. Sin limitarnos a estas, son en todo caso consideradas informaciones constitutivas de alerta las siguientes:

a) Cualquier delito doloso o imprudente;
b) Violaciones de los derechos humanos, ataques contra las libertades fundamentales, los derechos de los trabajadores y otros derechos sociales, así como sobre el estado de derecho;
c) Accidentes, desastres, peligros naturales y otras emergencias que ya hayan ocurrido o que puedan producirse en el futuro;
d) Prácticas que entrañan riesgos para la vida y la salud de las personas o cualquier otra amenaza para la seguridad, la salud pública, seguridad del transporte, los derechos de los consumidores y usuarios, la seguridad nacional y mundial, la privacidad y la protección de datos personales, y el medio ambiente;
e) Malas prácticas administrativas o empresariales, en el seno de entidades públicas o privadas, relacionadas con el abuso de autoridad, conflictos de interés, la corrupción, la malversación de caudales públicos, la prevaricación, el tráfico de influencias, el fraude fiscal, la responsabilidad y seguridad financiera, las infracciones de la libre competencia, entre otros;
f) Malas prácticas disciplinarias, administrativas, en materia de privacidad, protección de datos o cualquier otra negligencia u omisión por parte de las agencias gubernamentales, autoridades públicas o cualquiera de sus empleados, entidades legales, sus funcionarios y su personal, abuso de poder, abuso de autoridad, mala administración, conflictos de intereses, incumplimiento de obligaciones legales;
g) Encubrimiento;
h) Cualquier otra información no incluida en las secciones anteriores que revele daño o una amenaza para el interés público.

3. No será obstáculo para la comunicación y recepción de la información constitutiva de alerta el hecho de que la misma comprenda datos especialmente protegidos, de los recogidos en el Reglamento Europeo 2016/679 y de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal vigente. Tal y como ha expresado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Hungarian Helsinki Committee respecto al FOI, en aras de garantizar el pleno respeto del derecho a la información, en el caso de que la información se haga pública, esta excepción solo cubrirá la información personal directamente relacionada con las actuaciones ilícitas denunciadas – como la identificación – nombre de la persona/s – y se habrán de omitir los datos personales relacionados con el ámbito privado y que no aportan ningún valor informativo – datos tales como números de teléfono personal, dirección de correo electrónico personal, dirección del domicilio particular… La excepción no se extenderá en ningún caso a la publicación de información relacionada con terceras personas a las que no les sean de ningún modo imputables tales actuaciones. Estas personas han de permanecer inidentificables. El cumplimiento de esta salvedad será responsabilidad de quien realice la publicación.

4. Tampoco será obstáculo para la comunicación, recepción o divulgación de la información que constituya una alerta que la misma se encuentre bajo la protección del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

5. En los casos en que la información constitutiva de alerta esté catalogada como de seguridad nacional, secretos oficiales o militares, o información clasificada, la misma podrá ser objeto de comunicación y recepción, pero no podrá ser objeto de divulgación pública indiscriminada sino que deberán tomarse las precauciones necesarias para que pueda conocerse el ilícito sin poner en peligro la seguridad nacional. La divulgación pública se considerará justificada en casos de amenazas urgentes o graves a la salud pública, a la seguridad o el medio ambiente. Si se necesita especificación, consulte: http://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0014/print.html#sec18

 

TÍTULO II. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE TRANSMITAN INFORMACIONES CONSTITUTIVAS DE ALERTA

CAPÍTULO I. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS ALERTADORES Y FACILITADORES
Artículo 5.- Derechos que asisten al alertador y al facilitador.

Se garantiza el derecho de los alertadores y facilitadores a la seguridad, al anonimato y a la confidencialidad de su identidad, al acceso a la información del procedimiento, al asesoramiento jurídico y a la indemnidad.
 

Artículo 6.- Derecho a la seguridad.

1. Los alertadores y los facilitadores recibirán protección policial cuando éstos denuncien la existencia de un peligro o amenaza sobre su vida, su integridad física o sobre sus bienes como consecuencia de la revelación o divulgación de dichas informaciones. En este caso deben aplicarse todas las medidas de protección preventiva indicadas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales por la autoridad (Título IV) y Estatuto de la Víctima.

2. La misma medida se dispensará, cuando fuere necesario, a sus cónyuges o personas ligadas por análoga relación de afectividad, así como a los familiares de ambos por parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
 

Artículo 7.- Derecho a la confidencialidad y el anonimato del alertador.

1. Los poderes públicos garantizarán el derecho del alertador a la confidencialidad y a la preservación de su anonimato. Los alertadores podrán optar por mantener su anonimato incluso cuando deban declarar como testigos en los procesos judiciales que deriven de las informaciones que hayan comunicado.

2. Los facilitadores y cualesquiera otras personas, públicas o privadas, a las que el alertador haya comunicado su identidad haciendo constar su voluntad de mantener el anonimato, están igualmente obligados a preservarlo y no pueden revelar la identidad del alertador en ningún caso.

3. Los canales de recepción de alertas salvaguardarán estos derechos en los términos que dispone el artículo 18 de la presente Ley.

4. Los alertadores podrán comunicar al canal receptor la información de forma confidencial, esto es, dando a conocer su identidad pero haciendo constar su voluntad de no divulgarla. En este caso, sus datos personales o cualquier otra información que permita conocer la identidad del alertador no podrá ser divulgada sin su consentimiento expreso, y todos los gestores del canal quedarán obligados en los términos previstos en el apartado segundo del presente artículo.

5. Solo el alertador podrá decidir sobre una eventual renuncia al anonimato, que podrá producirse en cualquier momento del procedimiento.
 

Artículo 8.- Derecho a la información y acceso al procedimiento.

1. Todos los alertadores, incluidos los que hayan elegido una forma de comunicación anónima o confidencial, tienen el derecho a ser informados sobre el estado y los resultados del examen, inspección e investigación a que haya dado lugar su actuación, salvo la información que ponga en peligro la investigación.

2. El derecho de acceso de los alertadores a dicha información será garantizado de oficio, o a instancia del alertador, con la puesta a disposición del estado del procedimiento como mínimo cada noventa días naturales.
 

Artículo 9.- Derecho al asesoramiento y defensa jurídica.

1. Los alertadores y facilitadores tienen derecho a ser asesorados y asistidos por abogado en ejercicio (y en su caso procurador) en todas las actuaciones relacionadas con la comunicación de una información constitutiva de alerta y en todas las actuaciones que deriven de la misma.

2. Desde el comienzo del procedimiento cuando no dispongan de medios económicos suficientes para costear su asesoramiento y defensa, los mismos serán gratuitos con sujeción a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a los alertadores o facilitadores que sean demandados o investigados en procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de tales.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, cuando la identidad del alertador se mantenga en el anonimato, podrá escoger libremente abogado que le defienda y asesore y, en su caso, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se diferirá al momento en que cese el anonimato.

4. Los alertadores y facilitadores ostentan la condición de interesados en cuantos procedimientos traigan causa de la comunicación de información que hayan efectuado. Estos procedimientos tendrán carácter contradictorio, garantizando en su caso el anonimato o confidencialidad del alertador.

5. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de corrupción y protección de alertadores.

6. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado de oficio en los procedimientos que se sigan a instancia de alertadores o facilitador.
 

CAPÍTULO II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA OCUPACIÓN O ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS ALERTADORES
Artículo 10.- Medidas comunes.

1. Los alertadores tienen derecho a la indemnidad laboral, entre otros que se respeten los contratos y acuerdos individuales de trabajo o de servicio, sea por cuenta ajena o propia, con el empleador u órgano de contratación público o privado sin que éstos puedan poner obstáculos al empleo, actividad profesional, económica, social, científica, académica o de otra índole del alertador.

2. La revelación de una alerta de acuerdo con las disposiciones de esta Ley no puede constituir un incumplimiento de las cláusulas de confidencialidad previstas en un contrato administrativo, laboral, civil o de cualquier otra naturaleza. Es nula de pleno derecho cualquier cláusula contractual que prohíba la revelación de alertas.

3. Cuando se causen daños y perjuicios al alertador por decisiones arbitrarias debidas a la acción u omisión de un funcionario, empleado, empresario u otro miembro de una institución o entidad pública o privada en el ejercicio de su autoridad debida a la revelación de una alerta, el alertador será compensado a cargo de dicha institución o entidad pública o privada mediante el correspondiente procedimiento de determinación objetiva de daños y perjuicios ante la instancia o jurisdicción que corresponda.
 

Artículo 11.- Medidas de protección al alertador funcionario o empleado de las administraciones públicas.

Cuando el alertador o facilitador sea un funcionario, empleado público o trabajador fijo o temporal en cualquier administración pública, o ente de aquélla dependiente, de la que haya revelado información que haya dado lugar a la tramitación de un procedimiento interno o externo de depuración de responsabilidades y mientras dure el mismo, gozará de los siguientes derechos:

a) Derecho a no ser sancionado ni represaliado de otro modo por parte de dicha administración o entidad privada, mediante separación del servicio con pérdida de la condición de funcionario, sanción, suspensión, traslado, asignación a un puesto de menor remuneración, reducción del salario, deterioro de las condiciones de trabajo o cualquier otras medidas de la misma naturaleza, ni a recibir la amenaza de la aplicación de tales medidas.

b) Derecho, si denunciara la aplicación de cualquier sanción o represalia de las mencionadas en el apartado anterior, y en los términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la excedencia voluntaria con reserva de su puesto de trabajo y a la separación indemnizada del servicio por incumplimiento grave del empleador.

c) Derecho, si fuera separado del servicio, a optar entre la rehabilitación inmediata de su condición de funcionario en los términos del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado, o al cobro de la indemnización equivalente por despido improcedente, así como de los salarios de tramitación en ambos casos. Derecho, en su caso si fuera despedido, a optar entre la readmisión inmediata en su puesto de trabajo o al cobro de la indemnización por despido improcedente, así como de los salarios de tramitación en ambos casos.

d) Derecho, si fueran sustancialmente modificadas sus condiciones de trabajo, a ser repuesto inmediatamente en sus anteriores condiciones, así como a percibir la diferencia de remuneración no percibida durante la modificación, en su caso.

e) En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la separación de empleo público o la extinción del contrato de trabajo previstas en los apartados anteriores darán lugar a la situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.
 

Artículo 12.- Medidas de protección del alertador empleado por cuenta ajena en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.

Cuando el alertador o facilitador sea un empleado, antiguo empleado o miembro de cualquier empresa o entidad privada de la que haya revelado información constitutiva de alerta que haya dado lugar a la tramitación de un procedimiento interno o externo de depuración de responsabilidades, y mientras dure el mismo, gozará de los siguientes derechos:

a) Derecho a no ser sancionado ni represaliado de otro modo por parte del empleador, directivo u cualquier otro empleado o miembro de la empresa o entidad privada, mediante despido, sanción, suspensión, traslado, asignación a un puesto de menor remuneración, reducción del salario, deterioro de las condiciones de trabajo o cualquier otras medidas de la misma naturaleza, ni a recibir la amenaza de la aplicación de tales medidas.

b) Derecho, si denunciara la aplicación de cualquier sanción o represalia de las mencionadas en el apartado anterior, y en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica y/o al cambio de centro de trabajo, en su caso con las consiguientes compensaciones e indemnizaciones, a la excedencia voluntaria con reserva de su puesto de trabajo y computo de antigüedad a todos los efectos o a la extinción de la relación laboral con la correspondiente indemnización del contrato de trabajo por incumplimiento grave del empleador.

c) Derecho, si fuera despedido, a optar entre la readmisión inmediata en su puesto de trabajo en las mismas condiciones o al cobro de la indemnización por despido improcedente, así como de los salarios de tramitación en ambos casos.

d) Derecho, si fueran sustancialmente modificadas sus condiciones de trabajo, a ser repuesto inmediatamente en sus anteriores condiciones, así como, en su caso, a recibir las diferencias salariales dejadas de percibir durante ese tiempo.

e) En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en los apartados anteriores darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.
 

Artículo 13.- Medidas de protección de la actividad económica o profesional del alertador ocupado por cuenta propia.

A los alertadores que sean profesionales o trabajadores por cuenta propia y se vean obligados a cesar en su actividad para hacer efectiva su protección, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta.
 

CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ALERTADORES POR LA REVELACIÓN DE INFORMACIONES QUE CONSTITUYEN ALERTAS
Artículo 14 .- De la responsabilidad del alertador.

1. El alertador y el facilitador deben tener una convicción razonable en la verosimilitud y fiabilidad de la información que comuniquen. La responsabilidad de la comprobación de los hechos objeto de la alerta y de la cualificación de los mismos como posibles delitos o acciones contra el interés general recae en todo caso sobre el organismo o institución que se haga cargo de la investigación.

2. Cuando la resolución que ponga término a la averiguación de los hechos generados por la alerta concluya que no se trate de irregularidades, malas prácticas o hechos constitutivos de ilícito penal, el alertador o facilitar mantendrá la protección reconocida por la presente Ley y no sufrirá perjuicio, sanción o represalia alguna, a menos que la resolución que pone fin al mencionado procedimiento demuestre probadamente que el alertador conocían la escasa fiabilidad, inexactitud o falsedad de la información o se le condene por denuncia falsa. En este caso la conducta del alertador será objeto de sanción con arreglo al Título V.

3. Con la misma excepción señalada en el apartado anterior, el alertador y el facilitador no serán responsables por los daños y perjuicios que puedan derivarse de la comunicación o divulgación de la alerta, ni incurrirán en ningún otro tipo de responsabilidad, ya sea disciplinaria, civil o penal, que pueda derivar de tales circunstancias, incluidas expresamente las concernientes a posibles menoscabo del derecho al honor, de los derechos de autor, de los secretos comerciales y de la protección de datos personales.
 


TÍTULO III. SISTEMAS DE INFORMACIÓN O CANALES DE RECEPCIÓN DE ALERTAS
Artículo 15.- Libertad de elección.

Es libre decisión del alertador elegir el canal más adecuado para su comunicación sin que esto suponga limitación alguna de los derechos y garantías que le asisten en esta Ley.
 

Artículo 16.- Sistemas internos.

1. El alertador que mantenga una relación de trabajo o de servicio con entidades públicas o privadas que dispongan de canales de recepción de alertas podrá dirigirse en primer lugar y a su elección a los mencionados canales internos, pero sin que venga obligado a ello.

2. Al alertador que utilice canales internos de recepción de alertas le asisten los derechos previstos en el Título II de esta Ley.

3. La entidad responsable de un canal de recepción de alertas informará a sus empleados, contratistas y usuarios sobre la existencia y condiciones de acceso de los canales, sobre su carácter anónimo y seguro, o en caso que no reúna dichas condiciones, deberá informar de los posibles riesgos para el alertador derivados de la comunicación de su alerta. La información será clara, certera, pormenorizada y de acceso público. Los administradores del canal serán responsables de hacer llegar la información constitutiva de alerta a las instituciones competentes para investigarla y de informar al alertador de los trámites que necesite efectuar en el juzgado de instrucción si quiere que se activen los protocolos de protección establecidos por la presente Ley.

4. Las empresas y organizaciones de más de 50 trabajadores; las empresas privadas con un volumen de negocios o balance de más de 10 millones de euros; las administraciones estatales, las regiones y departamentos y los municipios con más de 10.000 residentes; las personas jurídicas privadas de cualquier tamaño que operen en el área de servicios financieros o vulnerables al blanqueo de dinero; otras entidades a las que así se lo exija en otras leyes específicas tendrán la obligación de disponer de un canal interno de recepción de alertas anónimo y seguro tal y como definido en el artículo 18.2. Los administradores del canal serán responsables de hacer llegar la información constitutiva de alerta a las instituciones competentes para investigarla y de informar al alertador de los trámites que necesite efectuar en el juzgado de instrucción si quiere que se activen los protocolos de protección establecidos por la presente Ley.
 

Artículo 17.- Sistemas externos.

1. La Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas deberán establecer un canal de recepción de alertas, anónimo y seguro tal y como definido en el artículo 18.2., externo, o sea que puede ser utilizado por cualquier persona y podrá recibir informaciones constitutivas de alerta relacionadas con la actividad de cualquiera de las entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ley. Los administradores del canal serán responsables de hacer llegar la información constitutiva de alerta a las instituciones competentes para investigarla y de informar al alertador de los trámites que necesite efectuar en el juzgado de instrucción si quiere que se activen los protocolos de protección establecidos por la presente Ley.

2. Podrán también establecer canales de recepción de alertas de carácter externo cualesquiera otras administraciones o entidades, tales como medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, miembros de cámaras legislativas, el Defensor del Pueblo e instituciones análogas. Los administradores de estos canales serán responsables de informar al alertador de los trámites que necesite efectuar en el juzgado de instrucción si quiere que se activen los protocolos de protección establecidos por la presente Ley.
 

Artículo 18.- Protección de la confidencialidad o anonimato.

1. Los canales de recepción de alertas deberán estar dotados de mecanismos que permitan proteger la confidencialidad o anonimato de los alertadores. La información sobre el acceso al canal de comunicación y el modo y los límites de la preservación del anonimato que ofrecen, deben ser explicitados detalladamente para que el alertador tenga toda la información necesaria y no pueda ser inducido a error por omisión de información.

2. A estos efectos solo se considerarán anónimos y seguros aquellos tales como buzones, líneas telefónicas o mecanismos de comunicación electrónica que garanticen su acceso a través de navegación y conexión anónimas. Deberán informar con indicaciones previas claras sobre como utilizarlos sin exponer la propia identidad – incluido la “identidad electrónica” (Internet Protocol IP) – y sobre las formas de eliminación de los metadatos para que los documentos no comprometan la anonimidad del alertador. Deberán proveer al alertador de acuse de recibo con código identificador, u otro procedimiento seguro, que permita el seguimiento de las actuaciones y las comunicaciones sucesivas con el alertador sin perjudicar su anonimato. Las administraciones o entes responsables del canal aplicarán las medidas técnicas y de organización adecuadas para la protección de los datos cuando se recaben, se transmitan o se conserven.

3. Los canales que no reúnan las condiciones del anterior apartado no podrán publicitarse como anónimos y seguros pudiendo ser en caso contrario objeto de sanción por afectar al derecho a la indemnidad del alertador.
 

TÍTULO IV. LA PROTECCIÓN JUDICIAL DE LOS ALERTADORES

Artículo 19.- Secciones especializadas en los Juzgados y Tribunales.

1. Los Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional, cuando lleven a cabo actuaciones relacionadas con informaciones constitutivas de alerta en los términos de la presente Ley, serán los encargados de velar por su cumplimiento y por la protección de los alertadores y facilitadores. También deberán pronunciarse, a su instancia, sobre el reconocimiento de su condición de alertadores o facilitadores.

2. Deberán establecerse un número suficiente de canales seguros y anónimos por habitante, así como de Secciones Especializadas en los juzgados de cada orden jurisdiccional. En cada circunscripción provincial se habilitará una sección especializada que facilitará información al público, a través de una línea de atención telefónica anonimizada o del mismo canal, sobre el funcionamiento del sistema de alertas y del régimen de protección a alertadores. Además proveerá información clara, sencilla, certera, pormenorizada y de acceso público sobre el contenido de la presente Ley y los derechos y deberes de los alertadores para que las personas que estén considerando alertar puedan tomar una decisión informada sobre si, cómo y cuándo hacerlo.

3. Cuando el Juzgado o Tribunal que esté conociendo de un asunto reciba la comunicación de una alerta y la petición de reconocimiento del alertador o facilitador que la haya producido, deberá abrir el oportuno incidente y, dentro del plazo improrrogable de cinco días, reconocerá, en su caso, la condición de alertador o facilitador y decidirá sobre la aplicación de las medidas de protección que correspondan sin perjuicio de dispensar la protección imprescindible dentro de estos primeros días en caso en el que concurra una situación de riesgo.

4. La resolución sobre la condición de alertador que se dicte revestirá forma de auto y dispondrá que la sección judicial de protección de alertadores informe al alertador de todos los derechos y garantías que le asisten de conformidad con la presente Ley.

 

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 20.- Régimen jurídico.

El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección de alertadores se aplicará de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 

Artículo 21.- Obligación de denunciar.

1. Los órganos administrativos, las empresas y las entidades que tengan a su cargo canales de recepción de alertas, ya sean internos o externos, tienen obligación de denunciar de inmediato cualquier indicio de infracción de los derechos de los alertadores o facilitadores de los que tengan conocimiento. La misma obligación recae sobre las personas físicas encargadas materialmente de la gestión de los canales de recepción de alertas.

2. Los órganos y entidades a que se refiere el apartado anterior deberán dirigir su denuncia solo a la instancia indicada en el apartado f) cuando el presunto infractor sea cualquier sujeto de la entidad encargado de depurar responsabilidades, y además de a una de las siguientes instancias según las circunstancias:

a) Ante el órgano que dentro de la administración o entidad pública ostente la potestad sancionadora en materia disciplinaria cuando el presunto infractor sea funcionario, empleado o trabajador de dicha entidad.

b) Ante la Presidencia u órgano de gobierno de la entidad cuando el presunto infractor sea un cargo electo, directivo, consejero, patrón o cargo de confianza, que no se halle sometido al órgano disciplinario previsto en el apartado anterior.

c) Ante el jefe de Recursos Humanos cuando el presunto infractor sea empleado o trabajador de una entidad o empresa privada.

d) Ante el presidente del consejo de administración o administrador de la entidad o empresa privada cuando el presunto infractor sea un directivo, consejero u otro cargo de la misma no sometido a responsabilidad disciplinaria laboral.

e) Ante el órgano de contratación pública o privada de cualquiera de las entidades anteriores cuando el presunto infractor sea un contratista de las mismas.

f) Ante el Juzgado de Instrucción del partido judicial donde los hechos se produzcan o, en su caso, del Juzgado encargado de la protección de alertadores, en los partidos donde se halle establecido si la persona denunciante lo conoce.
 

Artículo 22.- Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora.

1. Cuando del contenido de la denuncia se pueda inferir la posible existencia de una actuación constitutiva de delito, el órgano que la haya recibido la pondrá en conocimiento inmediato del Juzgado de Instrucción del partido judicial donde los hechos se hayan producido o del Juzgado encargado de la protección de alertadores, en los partidos donde se halle establecido.

2. Cuando los hechos no revistan apariencia delictiva pero puedan constituir infracciones de lo dispuesto en la presente Ley, y sean imputables a personal al servicio de las administraciones públicas, serán competentes para conocer las denuncias e incoar, instruir y resolver los correspondientes expedientes disciplinarios, quienes lo sean con arreglo a la legislación reguladora de la administración de que se trate.

3. En los casos no previstos en los apartados anteriores, será competente para la incoación, instrucción y resolución del expediente el Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos de las Comunidades Autónomas que su respectiva legislación disponga.
 

Artículo 23.- Infracciones.

1. Se consideran infracciones contra el régimen de protección de los derechos de los alertadores y facilitadores las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley.

2. Las infracciones tipificadas en esta Ley se clasifican en muy graves, graves y leves:

a) Se consideran muy graves las siguientes actuaciones:

a.I) quebrantar las garantías de anonimato y seguridad que esta Ley prescribe así como de aquellas con que se hayan hecho públicos los canales de recepción de alertas;

a.II) revelar la identidad del alertador cuando éste haya optado por el anonimato, o la infracción de la regla de confidencialidad en su caso;

a.III) las acciones u omisiones tendentes a revelar la identidad del alertador cuando éste haya optado por el anonimato o la confidencialidad aunque no se llegue a producir la efectiva revelación de la identidad del alertador;

a.IV) la imposición de sanciones o la adopción de medidas perjudiciales por causa de la revelación de la alerta cuando hayan colocado en una situación de perjuicio personal irreversible al alertador o facilitador que las haya sufrido, que solo pueda ser reparada mediante indemnización económica;

a.V) no haber tomado las precauciones indicadas en el artículo .5 en el caso de información catalogada como de seguridad nacional, secretos oficiales o militares, o información clasificada;

a.VI) los canales que no reúnan las condiciones del artículo 18.2 y que se publiciten como anónimos y seguros;

a.VII) la comunicación o publicación, por parte de un alertador o facilitador, de informaciones constitutivas de alerta que se hayan demostrado falsas, cuando la resolución que ponga término a la averiguación de los hechos generados por la alerta concluya que la información contenida en la alerta era falsa y declare expresamente que el alertador o facilitador conocían su falsedad en el momento de comunicarla o publicarla.

b) Se consideran graves las siguientes actuaciones:

b.I) la omisión de la información necesaria sobre la utilización de un canal de comunicación y recepción de alertas;

b.II) la amenaza de inicio de expediente sancionador o de imposición de sanción al alertador o facilitador, así como el inicio efectivo de los trámites para su imposición, cuando la misma no se haya llegado a imponer, siempre que esté relacionada con la comunicación de la información constitutiva de alerta;

b.III) la imposición de sanciones o la adopción de medidas perjudiciales por causa de la revelación de la alerta cuando hayan provocado una situación de perjuicio personal y económico de carácter temporal al alertador o facilitador que las haya sufrido, de manera que pueda ser dejada sin efecto y compensada razonablemente, siempre que el importe de dicha compensación se estime superior a DOS MIL EUROS (2.000,00 €).

c) Se consideran leves las siguientes actuaciones:

c.I) las tipificadas en los apartados b.I) i b.II) cuando por su escasa entidad y trascendencia no merezcan la consideración de graves;

c.II) la comunicación o publicación, por parte de un alertador o facilitador, de informaciones constitutivas de alerta que se hayan demostrado falsas, cuando la resolución que ponga término a la averiguación de los hechos generados por la alerta concluya que la información contenida en la alerta era falsa y declare expresamente que el alertador o facilitador ha operado de forma imprudente cuanto a la exactitud i fiabilidad de la información;

c.III) todas las demás actuaciones que contravengan lo dispuesto en esta Ley cuando concurran las circunstancias del párrafo b) anterior y el daño producido no se estime superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €).
 

Artículo 24.- Sanciones.

1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 100.001 a 300.000 euros; las graves, con multa de 10.001 a 100.000 euros, y las leves, con multa de hasta 10.000,00 euros.

2. Asimismo las infracciones muy graves se sancionarán con inhabilitación hasta tres años; las graves, con inhabilitación hasta un año.

3. Cuando la infracción fuere cometida por funcionario público o personal al servicio de la administración pública, y la misma tuviere relación directa con sus atribuciones, le será impuesta la sanción de inhabilitación absoluta o especial de hasta tres meses si se trata de falta leve, de hasta un año si se trata de falta grave y de hasta tres años o separación del puesto si la falta cometida fuere de carácter muy grave.
 

Artículo 25.- Proporcionalidad en la imposición de sanciones.

La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. Además la persistencia de la conducta infractora por acumulación transforma las infracciones de leves a grave y de graves a muy graves.
 

Artículo 26.- Prescripción.

1. Se aplicarán las normas generales sobre prescripción que rigen la potestad sancionadora de la administración.

2. Los plazos de prescripción no correrán para los alertadores mientras mantengan su situación de anonimato y la denuncia de la infracción pudiera hacérselo perder y ocasionarles un mayor perjuicio.
 

Artículo 27.- Indemnización por daños y perjuicios.

1. Si las conductas sancionadas hubieran ocasionado daños o perjuicios a una administración pública, entidad privada o al alertador o facilitador, la resolución del procedimiento contendrá un pronunciamiento expreso acerca de los siguientes extremos:

a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción.

b) Cuando ello no fuera posible, la indemnización por los daños y perjuicios causados.

2. La responsabilidad civil derivada de una infracción será siempre solidaria entre todos los causantes del daño a no ser que la resolución que la declare, la distribuya razonadamente entre los infractores.
 

Artículo 28. Caducidad del procedimiento.

1. El procedimiento caducará transcurridos 6 meses desde su incoación sin que se haya notificado la resolución, no computándose a tal efecto las posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste.

2. La resolución que declare la caducidad se notificará al interesado y pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que la administración pueda acordar la incoación de un nuevo procedimiento en tanto no haya prescrito la infracción. Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

 

OTRAS DISPOSICIONES

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera . Comisión de Seguimiento.

La presente Ley se someterá a una comisión de seguimiento y revisión en sede parlamentaria. Cada seis años la comisión llevará a cabo un proceso de revisión abierto a la participación de todos los interesados, entidades de defensa de alertadores, grupos de interés, académicos, sociedad civil, organizaciones empresariales y cualquier otra parte interesada.
 

Disposición adicional segunda . Modificación de la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

1. Se añade un apartado j) al artículo segundo de la Ley, en los siguientes términos:

«j) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a los alertadores o facilitadores que, reuniendo los requisitos previstos por la Ley de Protección Integral de Alertadores, sean demandados o investigados en procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de tales.»

1. Se añade un tercer párrafo al apartado primero del artículo 6 la Ley, en los siguientes términos:

«Cuando se trate de personas que tengan la condición de alertadores o facilitadores en los términos previstos por la Ley de Protección Integral de Alertadores, la asistencia jurídica gratuita derivada de falta de medios suficientes para litigar comprenderá el asesoramiento, orientación y defensa gratuita en todas las gestiones, trámites, procedimientos administrativos y procesos judiciales que estén relacionados con la información constitutiva de alerta que hayan facilitado, así como con el propio hecho de haberla facilitado. En estos casos, y también en aquellos contemplados en el artículo 2.j), cuando el alertador haya optado por el anonimato, podrá deferir la petición y el subsiguiente reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita hasta el momento en que cese la situación de anonimato, a partir del cual dispondrá del plazo de dos meses para solicitarla. En este caso, la indemnización que proceda por el asesoramiento y defensa jurídicas será abonada al letrado de su elección que las haya prestado, el cual continuará actuando y será equiparado al designado por turno de oficio a todos los efectos.»
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogación de normas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
 

DISPOSICIONES FINALES
Única. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Xnet con el apoyo de:
Blueprint for Free Speech
European Center for Whistleblower Rights
Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection
Eva Joly

*con el asesoramiento jurídico del despacho colectivo Simeó Miquel Adv. Ass.