16 noviembre 2026

Análisis del desarrollo de la Ley europea de ‘Equidad Digital’ (Digital Fairness Act - DFA)

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Actualización

Ley europea de ‘Equidad Digital’: pues no, no era verdad

La norma que debía poner a raya la manipulación digital se queda en retoques más moralistas que eficaces

Hace un año explicábamos que en la Comisión Europea se preparaba una nueva legislación, una que podía al fin resolver mucho de lo que pedimos para un internet democrático, con los abusos tecnológicos de los actores sistémicos a raya. Ahora se ha filtrado primero y publicado después el primer borrador de esta ley.

El Digital Fairness Act (DFA) —algo así como la Ley de Equidad Digital— nace de las demandas históricas de freno a las prácticas abusivas por medios digitales.

Hace un año titulábamos nuestro artículo «Digital Fairness Act (DFA). Una navegación sin engaños, a ver si es verdad».

Pues resulta, ¡oh, sorpresa!, que no era verdad: el borrador propuesto es básicamente wishful thinking. Una legislación que podría realmente dar un vuelco a la situación se limita a retoques que acaban siendo más moralistas que eficaces. Como siempre, nuestras instituciones no quieren molestar demasiado a los grandes poderes que viven de la manipulación informativa ya que son quienes las agasajan, cuidan y mantienen.

Habrá que dar batalla.

Aquí los temas principales, de lo peor a lo que han, más o menos, resuelto:

Diseño adictivo (art. 17): mucha demagogia y ningún valor para prohibirlo

Después de años señalando el diseño adictivo como uno de los grandes males digitales, la Comisión no se atreve a prohibirlo. Ni siquiera obliga a que la configuración lo tenga apagado por defecto. El artículo 17 solo obliga a ofrecer un interruptor para apagar cuatro cosas: la reproducción automática y el scroll sin fin, las notificaciones no pedidas, las rachas que te castigan si no vuelves y los chatbots que simulan una relación. Todo seguirá encendido por defecto, y será cada persona quien tenga que buscar cómo desactivarlo. La ley reconoce por escrito que estas funciones fomentan el uso compulsivo y, acto seguido, las da por buenas. Además, la obligación solo alcanza a servicios cuyo diseño “busque o pueda prever” ese uso compulsivo, lo que habrá que discutir empresa por empresa. La lista es cerrada y deja fuera lo principal: los algoritmos de recomendación que deciden qué ves para retenerte. No se dice cómo debe ser el interruptor ni se impide que vuelva a activarse solo.

Una absoluta vergüenza.

Publicidad personalizada (art. 12): ¿qué hemos hecho los adultos para no merecer protección?

Aquí la DFA no inventa nada. El DSA ya prohíbe a las plataformas la publicidad por perfiles en dos casos: a menores y con datos sensibles (salud, ideología, orientación sexual,...). La DFA se limita a llevar esas dos prohibiciones a las empresas que no son plataformas: tiendas online, apps, medios, videojuegos. Y lo hace rebajando el listón. En el DSA los datos sensibles están vetados sin condiciones; en la DFA, solo si se demuestra que su uso “probablemente” causa daño. El resultado es que para la inmensa mayoría nada cambia: el rastreo y el perfilado publicitario siguen siendo legales. Recordemos que sobre esos datos se basan la manipulación informativa y la polarización. La publicidad no es solo zapatos y ropa. ¿Qué hemos hecho los adultos para no merecer protección? Que la publicidad por perfiles esté apagada por defecto para cualquier persona tendría una ventaja más: evita que las instituciones tengan la tentación de pedir que se demuestre la edad con la excusa de proteger a la infancia.

Precios trucados (arts. 13, 18 y 19, y Anexo I): barren las migas y dejan el pastel

Lo más importante es lo que la DFA no toca.

Los precios personalizados, los que te cobran distinto según tu perfil, solo se prohíben si se demuestra que causan daño y que el afectado es menor o vulnerable. Para el resto de la gente siguen permitidos. Más de lo mismo: ¿qué hemos hecho los demás para merecer esto?

Donde la propuesta sí avanza es en cuestiones de menor relevancia. A los precios dinámicos se les aplica mayor transparencia. El primer precio debe incluir ya los cargos inevitables, aunque los gastos de envío, que son el coste oculto más habitual, quedan fuera si dependen de la dirección o del método de entrega. Se prohíbe tachar “precios recomendados” inventados para simular rebajas (algo parecido ya estaba en vigor desde 2022), y las ofertas “por tiempo limitado” deberán decir cuánto duran. Y quien vende productos que envía un tercero no podrá fingir que los tiene en stock.

Dark patterns (art. 10 y Anexo I): prohibidos, pero…

La propuesta prohíbe las interfaces online diseñadas para engañar o manipular, y fija una lista de prácticas prohibidas en todo caso, también fuera de internet: falsa escasez, casillas de pago premarcadas, culpabilizarte por decir “no”, insistir una y otra vez, notificaciones falsas o que rechazar sea más difícil que aceptar. Quien las use se expone a una orden de cese, a multas (hasta el 6 % de la facturación mundial si actúa la Comisión) y a tener que compensar a los consumidores.

Pero… Se nota mucho la presión de los lobbies: el listado de prácticas prohibidas está lleno de adjetivos como “falsamente” o “desproporcionadamente”, que dan margen para discutir cada caso. Más grave todavía: solo se protegen los intereses económicos, así que la manipulación para extraer atención o datos queda en zona gris.

Influencers y publicidad encubierta (art. 11): etiqueta clara, pero…

La propuesta obliga a marcar cada contenido pagado con las palabras “publicidad” o “colaboración comercial”, visibles desde el inicio y sin eufemismos. La empresa contratante también es responsable, cosa que es de celebrar.

Dicho esto, en realidad la definición es tramposa: se habla de promoción “a cambio de pago”, y que los regalos o invitaciones también cuentan solo aparece en un considerando, que no es vinculante. Quien promociona su propia marca o cobra comisión por enlace no encaja claramente en esa definición. Debemos pedir más contundencia.

La publicidad encubierta está prohibida desde 2005. Se aplica mal. La DFA no inventa la norma: la aclara, y solo para influencers, a quienes impone dos palabras sin escapatoria, “publicidad” o “colaboración comercial”. Entonces nos preguntamos: ¿por qué esa claridad no se exige a todos? Los medios siguen camuflando anuncios como “contenido patrocinado” u “ofrecido por”, y la publicidad institucional se publica a menudo como si fuera información. Los partidos ya tienen desde 2025 una etiqueta obligatoria. Pedimos el mismo estándar y castigos para todos los grandes manipuladores de la información [ver nuestro libro: #FakeYou].

Derecho a hablar con un humano (art. 25)

La DFA reconoce por primera vez en toda la UE y para todos los sectores el derecho a pedir que te atienda una persona. El artículo es escueto y frágil, pero de momento nos contentamos con esto. La Ley española 10/2025 es mejor: obliga a grandes empresas y servicios básicos a ofrecer atención personalizada desde el menú y a atender el 95 % de las llamadas en menos de tres minutos. Que no se use la DFA para rebajar lo que tenemos.

Sanciones (arts. 30, 32 y 35)

La DFA no cierra negocios: prohíbe prácticas. Quien las use se expone a una orden de cese, a compensar a los consumidores afectados y a multas. Pero aquí está la letra pequeña: la cuantía de la multa la decide cada Estado, sin mínimo europeo. Los porcentajes que salen en los titulares (4 % de la facturación, o hasta el 6 % mundial si actúa la Comisión) solo se aplican a casos grandes y transfronterizos. Para el resto, la ley será tan seria como quiera serlo cada país.

Esta legislación puede ser muy importante para reforzar derechos y luchar contra los abusos; vale la pena que peleemos para mejorarla.

Vamos allá.

Post anterior con fecha de publicación 22/10/2025

Una navegación sin engaños, a ver si es verdad
Por Simona Levi - Xnet, Instituto para la Digitalización Democrática

En la UE se avecina una legislación muy deseada: el Digital Fairness Act. El 24 de octubre se acaba el plazo para la consulta pública. Todavía estáis a tiempo de exponer casos de abusos.

A ver si al fin paran los parches y se encara una digitalización democrática [1] desde una perspectiva global.

El Digital Fairness Act (DFA) - algo así como la Ley de Equidad Digital - busca reforzar la protección de las personas (entendidas como consumidoras) frente a prácticas desleales en el entorno digital.

Partiendo del informe Digital Fairness Fitness Check, la Comisión Europea ha llegado a la evidente conclusión de que siguen las prácticas abusivas por falta de implementación de las varias legislaciones o por ausencia de ellas.

Se pretende atajar ámbitos de los cuales las activistas llevamos años ocupándonos (Inteligencia artificial y Administración Pública):

  1. Dark patterns y manipulación digital
    Prohibición del uso de patrones oscuros (diseños engañosos en webs y apps) que presionan, confunden o manipulan, como botones engañosos para aceptar cookies, interfaces que dificultan cancelar una suscripción, o flujos que fuerzan decisiones rápidas sin información clara.
  2. Diseños adictivos y productos digitales nocivos
    Impedir las características adictivas en el diseño de productos digitales, que buscan maximizar el tiempo y la atención de los usuarios. Esto es fundamental, porque la culpa de todo no la tiene Internet, sino las multinacionales que lo inundan con productos tóxicos. Esperemos que no se utilice la excusa de los menores para no eliminarlos para todo el mundo.
  3. Influencers y marketing encubierto
    Regular la publicidad de influencers [2], imponiendo la obligación de divulgar claramente cuándo un contenido es una comunicación comercial, además de la prohibición de la promoción de productos dañinos como tabaco, apuestas y alcohol. Y lo mejor: se plantea responsabilizar también a las empresas que colaboran con influencers en la difusión de publicidad.
  4. Prácticas de personalización tramposa
    Se han necesitado cuatro leyes para llegar a una evidencia: prohibir el uso de vulnerabilidades personales para personalizar anuncios y reforzar el control del usuario sobre cómo se personalizan sus experiencias en línea.
  5. Precios y descuentos engañosos
    Prohibir técnicas de «Drip pricing» (mostrar un precio inicial bajo y añadir cargos ocultos al final), descuentos falsos (mostrar -50 % cuando el precio anterior nunca fue real) y otras manipulaciones recurrentes.
  6. Atención humana
    De lo más deseado: supervisión del uso de chatbots para atención al cliente y limitaciones si sustituyen la asistencia humana.

A ver si es verdad. No hay que perderla de vista. Ni un paso atrás.


Notas:

  • Impulsa: Justicia CE.
  • Primer texto: septiembre 2026
[1] Digitalización Democrática – Soberanía Digital para las Personas
Digitalización Democrática – Soberanía Digital para las Personas

[2] FakeYou. Una guía activista para derrotar la desinformación
FakeYou. Una guía activista para derrotar la desinformación

 

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