Xnet apoya las propuestas de Access Info Europe para el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto

En el marco del diseño del nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto, que será ejecutado del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2021, España tiene diversas áreas y temas que mejorar para cumplir con los estándares internacionales y alcanzar las buenas prácticas en temas de transparencia, participación, y rendición de cuentas de los estados miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés).

Es por ello que desde Access Info Europe hacemos un llamamiento al Gobierno para que se comprometa a adoptar las siguientes propuestas:

Fortalecer la Ley de Transparencia

La ley de transparencia española es una ley con fundamentos sólidos en términos de transparencia y acceso a la información, pero débil con respecto a lo establecido en los estándares internacionales.

Las propuestas que deben incluir el próximo Plan de Acción para estar en línea con los estándares internacionales y la Declaración de París de OGP (2016) y así mejorar la ley española son:

Reconocimiento del Derecho Fundamental de Acceso a la Información

Una de las debilidades más criticables de esta ley es el hecho de no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Debe existir el compromiso de cambiar el carácter de la actual ley ordinaria a una ley orgánica.

En este sentido, múltiples expertos en derecho constitucional han concluido que la Constitución española en su artículo 20.1.d), podría admitir el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.
Ver https://www.access-info.org/es/frontpage-es/27052

Esta afirmación implica que, con la voluntad política necesaria, la ley española puede adecuarse a las decisiones de tribunales internacionales de Derechos Humanos, que han reconocido el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental derivado de la libertad de expresión.
 

Incorporación del Poder Judicial y el Poder Legislativo como sujetos obligados en la ley

La ley debe garantizar que todas las instituciones públicas sean transparentes. En la ley actual, de los tres poderes del Estado español la transparencia solo afecta al Poder Ejecutivo en lo que se refiere a la Administración General del Estado y los organismos vinculados a ella. Por esta razón solicitamos la inclusión en la futura ley de los tres poderes públicos en su totalidad como sujetos obligados.
 

Dotar de poder sancionador al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Dentro de las potestades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se debe incluir la posibilidad de imponer sanciones a aquellos sujetos que no cumplan con sus obligaciones (tramitación y respuesta de las solicitudes, publicación proactiva de información, etc.).
 

Incremento de la publicidad proactiva

En primer lugar, queremos que se publiquen todas las solicitudes y resoluciones (denegatorias y aprobatorias) de la totalidad de los sujetos obligados. En segundo lugar, solicitamos mejorar la publicidad proactiva, por ejemplo, aquella relacionada con las actividades realizadas y planificadas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este compromiso es posible incluso sin la necesidad del cambio de carácter de la ley actual.
 

Mejorar las condiciones para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información

No es suficiente el establecimiento de normas que desarrollen el derecho de acceso a la información, también es necesario que la misma norma permita el ejercicio efectivo del derecho con principios de eficiencia, gratuidad, accesibilidad, objetividad, sin condicionamientos, entre otros.
 

Simplificación del proceso de presentación de solicitudes

Para hacer más sencillo el proceso de solicitud de información es imprescindible la eliminación del sistema de identificación con DNI electrónico o certificado digital, que limita y dificulta el ejercicio del derecho de acceso a la información para que cualquier ciudadano pueda solicitar información sin necesidad de identificarse. La necesidad de disponer de una identificación electrónica es una de las razones que explica el bajo número de solicitudes de acceso a la información que se realizan en España.

Una de las alternativas posibles, sin necesidad de un cambio de ley, es la implementada por el Ayuntamiento de Madrid, en donde se puede realizar la solicitud mediante correo electrónico. La información es publicada de forma proactiva, para luego informarle al solicitante el vínculo donde podrá conseguirla. Solo se requiere la identificación del solicitante en aquellos casos donde la información puede ser entregada de forma parcial o denegada en su totalidad por estar afectada por alguno de los límites establecidos en la ley.

El Consejo de Europa en su Convenio sobre Acceso a los Documentos Públicos recomienda a las Partes poder otorgar a los solicitantes el derecho a mantener su anonimato, excepto cuando la identificación sea esencial para procesar la petición.
 

Desarrollar programas de formación

La formación de distintos sectores de la sociedad es fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la información, por lo que se hace necesario diseñar programas que tengan como propósito dar a conocer el procedimiento para realizar solicitudes de información y las vías a utilizar en caso de no obtener la información solicitada.
 

Establecer los medios para el ejercicio del derecho

Debe existir el continuo compromiso de desarrollar estrategias que pongan al alcance de la sociedad los recursos necesarios para el ejercicio el derecho de acceso a la información.
 

Aprovechar los espacios públicos

Para lograr un mejor conocimiento sobre el derecho de acceso a la información, en lugares donde el uso de internet sea limitado o inexistente, se deben usar espacios sociales, como centros cívicos, para la promoción y formación del ejercicio del derecho de acceso a la información.
Acceso al registro de propietarios últimos de las empresas.
 

Acceso Público a los Registros

Muchos de los países miembros de la OGP están comprometiéndose a la apertura de sus registros mercantiles y de los futuros registros de propietarios últimos de empresas como una herramienta necesaria en la lucha contra la corrupción y evasión fiscal. Lograr el acceso a estos registros es una de las prioridades de la Alianza, identificada en la Declaración de Paris. En el próximo Plan de Acción de Gobierno Abierto deberán incluirse compromisos sobre:

Transparencia del Registro Mercantil

La transparencia del Registro Mercantil comienza por permitir el acceso libre y gratuito a toda la información que se encuentre en su poder, a excepción de aquella que pueda exceder los límites de la ley. Actualmente la información está disponible solo para aquellas personas que paguen para obtenerla, creando una discriminación y desigualdad en el acceso a la información.
 

Acceso al registro de propietarios últimos de las empresas

El registro de los propietarios de las empresas – beneficial ownership – deberá garantizar el conocimiento de quiénes son los propietarios reales y últimos de las empresas. Este registro deberá crearse en los primeros meses del año 2020 según la directiva 2015/849 de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales.
 

Transparencia en la Toma de Decisiones

Es indispensable conocer las circunstancias que afectan la toma de decisiones para garantizar que estas se realizan en pro del interés público y no de un grupo específico. Pedimos:

Regulación del lobby

La creación de una normativa que regule el registro público de lobistas y garantice la publicación de las actividades que realizan dentro de las instituciones públicas. Esta regulación debe seguir las recomendaciones adoptadas por la OGP en la Declaración de Paris (Compromiso de Acción número 4) en esta materia.
 

Incorporación de la huella legislativa:

La huella legislativa permitirá garantizar la transparencia en la totalidad del proceso de elaboración de las normas, leyes o cualquier tipo de cuerpos legales y decisiones; incluida la publicación de agendas, las actas de reuniones, la justificación de la toma de decisiones y la elaboración de informes sobre el impacto legislativo de mayor calidad.
 

Protección de denunciantes

España va a tener que transponer la directiva que Europa aprobará próximamente sobre este tema. Invitamos al Gobierno de España a incorporar esta herramienta en el próximo Plan de Acción anticipándose al mandato europeo:

Solicitamos la creación de una ley de denunciantes que proteja a las personas que denuncien actos ilícitos cometidos dentro de las instituciones públicas o privadas. La normativa debe:

Establecer un sistema de denuncias seguro dentro de las propias organizaciones y en el contexto de la comunicación con las autoridades públicas;

Permitir que denunciantes pueden divulgar la información de manera pública, incluyendo a los medios de comunicación si, tras la denuncia a las autoridades, no se tomarán las medidas oportunas o si existiere peligro inminente o manifiesto para el interés público;

Asegurar un marco de protección de los denunciantes, que establezca un régimen de confidencialidad seguro, apoyo legal, psicológico.

Establecer un sistema de sanciones para aquellos que no tomen en cuenta las denuncias realizadas o aquellos que intencionalmente realicen denuncias falsas. También sancionar a las personas que tomen represalias contra el denunciante.
 

Verificación del nivel de cumplimiento de las instituciones en materia de transparencia

Actualmente uno de los mayores problemas de la transparencia en España es la imposibilidad de conocer en qué medida todos los organismos públicos están avanzando en materia de transparencia. Ejemplo de ello es la ausencia de datos fiables sobre la utilización de la Ley de Transparencia durante sus primeros cuatro años en vigor.

Para corregir este déficit de información, recomendamos la creación de mecanismos que permitan medir el nivel de aplicación de la ley a través de:

Dotar de funciones de supervisión al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

La supervisión por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno permitirá determinar cuáles organismos están cumpliendo con su obligación de publicidad proactiva y medir el nivel de resolución de solicitudes de acceso.
 

Entrega de informes sobre solicitudes recibidas por los organismos públicos obligados

La entrega de informes por parte de los sujetos obligados al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que contengan el número exacto de solicitudes, las materias más consultadas, el número de solicitudes inadmitidas, denegadas o aprobadas. Esto permitirá el cumplimiento efectivo del requerimiento anterior.
 

Creación de un sistema de alertas en el Portal de Transparencia

La instauración de un sistema de alertas permitirá observar la ausencia de información de obligatoria publicación, el organismo que no ha cumplido y desde cuando ocurre esa ausencia.
 

Publicación de los informes de rendición de cuentas

Para lograr una mayor efectividad de la publicidad proactiva es necesario que el contenido de los informes de rendición de cuentas sea más claro y accesible a todos los ciudadanos.

Formación de todos los funcionarios en materia de transparencia

Aunque reconocemos positivamente los esfuerzos invertidos en la formación de los funcionarios responsables de tramitar las solicitudes de información, para promover cambios en la cultura organizacional, elevando el servicio a los más altos estándares de profesionalización, integridad y transparencia como expresa la Declaración de París, proponemos que se realicen los siguientes compromisos:

Formación de todos los funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información

La formación debe ser para todos los funcionarios y no solamente de los responsables de tramitar las solicitudes de información, con el fin de crear una cultura de transparencia generalizada en las instituciones públicas.
 

Ampliación de los recursos destinados al Consejo de Transparencia

El aumento de presupuesto para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno permitirá la organización de actividades de formación, realizar una constante supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los obligados y otras actividades conexas necesarias para fortalecer la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información
 

Mejora de las herramientas de participación ciudadana:

La promoción efectiva del derecho de acceso a la información y la transparencia a través de herramientas inclusivas, participativas y representativas, permite un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de los procesos que influyen directamente en su vida cotidiana y fomenta la mejora de las decisiones tomadas. Solicitamos acciones que conlleven a:

Promover e implementar actividades de participación ciudadana dentro del IV Plan de Acción

Dentro del Plan se debe establecer la organización constante de actividades que permitan asegurar el involucramiento de todas aquellas personas y colectivos interesados en la implementación de los diferentes compromisos contenidos dentro del Plan.
 

Desarrollar una ley en materia de participación

Actualmente existe una propuesta de ley de participación de la organización Osoigo, apoyada por varios miembros de la sociedad civil, llamada “Ley Orgánica reguladora de la participación política ciudadana directa”. Sin embargo, a la misma, incluiríamos participación ciudadana en procesos sociales, no exclusivamente políticos.
 

La creación de una plataforma digital de participación ciudadana

La creación de esta plataforma de participación permitirá la interacción entre la ciudadanía y las instituciones, como en los presupuestos participativos o las consultas legislativas. Por ejemplo, la plataforma utilizada por el Ayuntamiento de Madrid (Consul), que está sirviendo para promover la participación ciudadana en entidades municipales, regionales y nacionales en diversos países.