Registramos en el Congreso una Proposición de ley para que se eliminen las trabas a las demandas colectivas y faciliten las acumuladas

Proposición de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar las demandas colectivas y agrupadas.

Las acciones concretas de esta Proposición son las modificaciones de los Artículos 6, 11, 15, 221 y la creación del artículo 71 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La actual redacción del Artículo 6 es:

Artículo 6 Capacidad para ser parte
1. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:
1.º Las personas físicas.
2.º El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
3.º Las personas jurídicas.
4.º Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
5.º Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
6.º El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.
7.º Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados.
8.º Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Inspirándose en la legislación vigente en otros países de la Unión Europea como Portugal, la modificación afectaría al punto 6.7 que se enmendaría como sigue:

7.º Los grupos de consumidores o usuarios que se agrupen por haber resultado afectados por un hecho dañoso cuando su agrupación tenga como UNICO objetivo el ejercicio de cualquier tipo de acción frente a tales hechos dañosos.
 
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La actual redacción del Artículo 11 es:

Artículo 11 Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios
1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, tendrán la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.
4. Las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8 estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
5. El Ministerio Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.

Inspirándose en la legislación vigente en otros países de la Unión Europea como Portugal, la modificación afectaría al punto 11.2 y 11.3 que se enmendarían como sigue:

2.Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados agrupados a tal efecto.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá a las asociaciones de consumidores y usuarios, así como a los propios grupos de afectados agrupados a tal efecto.
 
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La actual redacción del Artículo 15 es:

Artículo 15. Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará por el Secretario judicial publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses.
El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de su personación.
2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente su propósito de presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que el Secretario judicial determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta ley.
4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

El Artículo 15 se enmendaria de la siguiente manera:

Artículo 15. Publicidad e intervención en procesos para la protección de LOS derechos de consumidores y usuarios.
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará por el Secretario judicial publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses.

El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de su personación. En todo caso, al Ministerio Fiscal le incumbe la obligación de dotar de difusión la interposición de las acciones que se entablen en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios por las asociaciones de consumidores o por los grupos de afectados por un determinado hecho daños y que se hayan agrupado al efecto.

2. En este tipo de procedimientos, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que el Secretario judicial determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta ley.
 
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Se añadiria el Artículo 71 bis

Artículo 71 bis: Efecto principal de la acumulación y demandas colectivas
Los grupos de afectados por un mismo hecho dañoso cuando su agrupación tenga como ÚNICO objetivo el ejercicio de cualquier tipo de acción frente a tales hechos dañosos, podrán acumular cuantas acciones estimen convenientes para su defensa.
 
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La actual introducción del Artículo 221 es:

Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las siguientes reglas:

El Artículo 221 se enmendaria de la siguiente manera:

Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios así como por lgrupos de afectados.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios así como por los grupo de consumidores o usuarios que se agrupen por haber resultado afectados por un hecho dañoso cuando su agrupación tenga como UNICO objetivo el ejercicio de cualquier tipo de acción frente a tal hecho dañoso con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las siguientes reglas:
 

Se añadiria el Artículo 221.3:

3. Las sentencias recaídas en este tipo de procedimientos entablados en defensa de consumidores y usuarios o de grupos de afectados BENEFICIARÁN a todos los consumidores y usuarios o miembros del grupo de afectados que resulten afectados por el hecho dañoso enjuiciado, reconociéndose por tanto, el efecto ultra partes de las sentencias estimatorias que resuelvan tales procedimientos. Producirán por tanto efecto de cosa juzgada para todos los afectados por el hecho dañoso quienes podrán hacer valer sus derechos en la fase de ejecución aun cuando no hayan tomado parte en el procedimiento declarativo de origen.
El reconocimiento de la condición de beneficiario en este tipo de procedimientos estará sometido al plazo de 5 años previsto en el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Transcurrido el referido plazo sin haber instado el reconocimiento de la condición de beneficiario, caducará el derecho a solicitar el referido reconocimiento.
 
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La redacción actual del Artículo 519 es:

Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados.

Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. El Ministerio Fiscal podrá instar la ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados.

El Artículo 519 se enmendaria de la siguiente manera:

Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios así como de grupo de consumidores o usuarios que se agrupen por haber resultado afectados por un hecho dañoso cuando su agrupación tenga como UNICO objetivo el ejercicio de cualquier tipo de acción frente a tal hecho dañoso, fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados.

Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales ni los miembros del grupo beneficiados por aquélla, el tribunal sentenciador, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. El Ministerio Fiscal podrá instar la ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados.

El tribunal sentenciador será el competente para el reconocimiento de la condición de beneficiario de la sentencia, una vez obtenido el referido reconocimiento por medio de resolución que revestirá la forma de Auto, los beneficiarios se personarán ante los Juzgados especializados en ejecuciones colectivas para hacer valer sus derechos.

Por otra parte, dada la urgencia y a la espera de una modificación en profundidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de un Juzgado de Ejecuciones de Acciones Colectivas, de momento invitamos además a que se facilite un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial – tal y como ha ocurrido con la creación del Juzgado 101 bis, para que este tipo de procedimientos colectivos pueda ser todavía más eficaces en la mayor brevedad.

 

Impulsores:

Xnet – Instituto para la cultura democrática en la era digital

15MpaRato – Impulsores del caso Bankia

Asufin – Asociación de Usuarios Financieros con la colaboración de la letrada Nuria Organista Propios

Abogado Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III

Adhesiones:


Acción Cívica contra la Corrupción

Asociación de Usuarios de la Comunicación – AUC

Unión de Consumidores de Asturias – UCE

David Bondia Garcia, profesor titular de Derecho internacional público (UB), Presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya

Raul Burillo, Inspector de la Hacienda Tributaria de España

Pau A. Monserrat, economista, Profesor asociado de Economía Aplicada en la UIB

Observatorio de la Deuda en la Globalización · ODG
Colectivo Ronda, Abogados

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Barcelona

Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia
, Tribunal Ciudadano de Justicia -TCJ

ESTA PROPOSICIÓN DE LEY CREADA POR LAS SOCIEDAD CIVIL HA SIDO REGISTRADA EN EL CONGRESO COMO PROPOSICIÓN GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LAS/OS SIGUIENTES 15 DIPUTADAS/OS:

Baldoví i Roda, Joan
Bataller i Ruiz, Enric
Candela Serna, Ignasi
Capdevila i Esteve, Joan
Capella i Farré, Ester
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Fernández Bello, Miguel Anxo
Fernández Gómez, Alexandra
Jordà i Roura, Teresa
Olòriz Serra, Joan
Rufián Romero, Gabriel
Salvador i Duch, Jordi
Sorlí Fresquet, Marta
Surra Spadea, Ana María
Tardà i Coma, Joan

A los eurodiputados les pedimos modificar las Recomendaciones EU

– Recomendación de la EU (2013/396/EU) –
III. PRINCIPIOS COMUNES A LOS RECURSOS COLECTIVOS DE CESACIÓN Y DE INDEMNIZACIÓN
Capacidad para interponer una acción de representación
4. Los Estados miembros deberían designar a las entidades representantes que podrán interponer acciones de representación con arreglo a unas condiciones de admisión claramente definidas. Estas condiciones deberían incluir, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) las entidades no deberían tener ánimo de lucro;
b) debería existir una relación directa entre los objetivos principales de la entidad y los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión que la acción que se interpone considere violados, y
c) la entidad debería tener capacidad suficiente en términos de recursos financieros, recursos humanos y conocimientos jurídicos para representar a múltiples demandantes y defender ante todo sus intereses.
5. Los Estados miembros deberían asegurarse de que la entidad designada pierda su condición de representante si deja de cumplir uno o varios requisitos.
6. Los Estados miembros deberían asegurarse de que las acciones de representación solo puedan ser interpuestas por entidades previamente designadas oficialmente, tal como se recomienda en el punto 4, o por entidades que hayan sido acreditadas ad hoc por las autoridades nacionales de un Estado miembro o por los órganos jurisdiccionales para una determinada acción de representación.
7. Además, o como alternativa, los Estados miembros deberían facultar a las autoridades públicas para interponer acciones de representación.

SE TRATA DE ELIMINAR EL PUNTO 6 Y DE AÑADIR UN NUEVO PUNTO:
8. Además, o como alternativa, los Estados miembros deberían facultar a grupos de afectados para emprender acciones colectivas siempre y cuando su agrupación sea vinculada a esta acción concreta y no tenga vocación de continuidad.