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18 November 2026
[ES] Los negocios de TikTok y Meta con nuestras libertades
/ Digital Rights | Privacy | Data | AI | NetNeutrality | Algorithms/Freedom of expression and information vs fake news, propaganda and disinformation
Es noticia estos días que se han documentado en TikTok 1.183 contenidos explícitos de abuso sexual infantil, vistos cerca de 48 millones de veces. Maldita.es, autora de la investigación, denunció 50 vídeos por el canal de la propia plataforma. TikTok borró cinco. El caso está en los tribunales. Este mismo mes, la Comisión Europea ya había anunciado que considera que TikTok vulnera su normativa DSA y genera con sus recomendaciones un efecto "madriguera" (rabbit hole) tóxico.
Aun así, nadie consigue pararlo. ¿Por qué? Porque la ley trata a TikTok como un tablón de anuncios donde otros cuelgan cosas. Y cuando alguien propone cerrarlo, la empresa se esconde detrás de sus 24 millones de usuarios y de la libertad de expresión de todos ellos. Pero TikTok no es un tablón. Decide qué ves, en qué orden y cuántas veces. Y cobra por ello.
Con nuestro ensayo #FakeYou llevamos años insistiendo en que hay que cambiar de enfoque. Follow the money. La libertad de expresión es de las personas. El negocio es negocio y como negocio debe regularse. Y es en esta distinción donde hay que hilar fino.
Siempre nos hemos opuesto a que las plataformas respondan del contenido publicado por sus usuarios. Juzgar el contenido, aparte de casos flagrantes como este, lleva al peligroso terreno del Ministerio de la Verdad: pedimos a las plataformas que sean censoras a cambio de seguir prosperando. Sería un grave ataque a la libertad de expresión. Aquí se trata de atacar el negocio. Si la plataforma es un simple tablón gratuito, no es responsable de lo que se dice. Pero si con su algoritmo para maximizar resultados es la editora, si sube y baja el volumen según lo que quiere que nos alcance, es responsable de lo que vemos. Sus directivos con ella. Es el mismo deber de verificación que siempre hemos pedido para cualquier actor que gane del negocio de la manipulación informativa, sean partidos, instituciones, medios o corporaciones.
Defendimos sin éxito cambios de ley en este sentido. Ahora las evidencias empiezan a darnos la razón: en junio, el Tribunal de Justicia de la UE dijo que quien usa un algoritmo para decidir, en su propio interés, cómo y con qué prioridad se difunde un contenido, lo controla. Y quien controla ya no puede ampararse en que "solo aloja". Falta que los jueces lo apliquen a las redes.
Nosotras iríamos más lejos. Sus directivos deberían ser responsables si cometen actos criminales como la distribución de material pedófilo a sabiendas de que lo es. En este caso, la responsabilidad personal no hay que inventarla: ya existe. El Código Penal castiga a quien facilite la difusión de pornografía infantil y permite perseguir a los administradores, no solo a la empresa.
El problema no es solo TikTok. La IA de WhatsApp de Meta se negaba a generar imágenes de Lula mientras aceptaba las de Flávio Bolsonaro. El contenido bolsonarista volaba, mientras la campaña de Lula era entorpecida por las plataformas. El Tribunal Superior Electoral tuvo que ordenar igualdad de trato, con multas de medio millón al día, en este caso también, con escasos resultados reales. No es un accidente: es la misma empresa de Cambridge Analytica (2014), de Myanmar (2017), la que retiró la verificación externa en Estados Unidos cuando le convino acercarse a Trump, junto con todos los otros mandamases tecnológicos, en 2025; solo por mencionar los ejemplos más flagrantes de lo que es el pan de cada día en X de Elon Musk.
Otro caso extremo que refuerza nuestra idea de follow the money es Truth Social, la red de Trump. Desde agosto vende a inversores el acceso anticipado a los mensajes del presidente por 100.000 dólares al mes. Mensajes que mueven mercados, cobrados por una empresa de la que él es el principal accionista. Es negocio puro con información privilegiada que incumple la ley retorciendo el derecho a la libertad de expresión.
La prepotencia de estas empresas se puede y debe parar. Por una parte, las sanciones no deben ser una línea más del presupuesto anual; deben conllevar responsabilidades de los directivos, incluso penales. Por otra, necesitamos obligaciones de interoperabilidad contundentes. Cerrar una red de un día para otro castiga sobre todo a quien se gana la vida en ella o ha construido ahí su capital comunicativo. Cualquiera debería poder llevarse su comunidad, sus contactos y sus contenidos a otro lugar y seguir hablando con quienes se quedan, igual que cambias de compañía telefónica sin perder el número. El día que irse no cueste nada, la amenaza de cierre será, por fin, creíble. La ley europea de mercados digitales ya impone interoperabilidad en mensajería y portabilidad de datos. Falta aplicarla de verdad y extenderla a las redes sociales. No pedimos nada exótico.


