Carta a la Ministra Delgado sobre la postura de España en la regulación europea de e-evidence (pruebas electrónicas)

Carta a la Ministra Delgado sobre la postura de España en la regulación europea de e-evidence (pruebas electrónicas)

Xnet y las organizaciones de derechos digitales piden a los Estados Miembros de la UE reconsiderar su posición sobre el acceso de las fuerzas del orden a los datos y “pruebas electrónicas”.
 

Estimada Ministra Delgado,


Le escribimos en nombre de Xnet, miembro español de European Digital Rights (EDRi). En vista de la próxima reunión del Consejo de la UE sobre el proyecto de Regulation on European Production and Preservation Orders (
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15020-2018-INIT/en/pdf), le pedimos que se oponga y reconsidere seriamente el enfoque general. Nos unimos a los ocho estados miembros que escribieron a la Comisión Europea y a la Presidencia Austriaca pidiendo que se tuvieran en cuenta las aportaciones de las partes interesadas, incluida la sociedad civil.

Los “compromisos” presentados por la Presidencia Austriaca no logran resolver las preocupaciones fundamentales de las propuestas sobre “e-evidence”. Por ejemplo, el texto:

– reduce considerablemente la posibilidad de que las autoridades competentes denieguen el reconocimiento y la ejecución de una orden sobre la base de una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales;

– asume erróneamente que los datos sin contenido son menos sensibles que los datos con contenido, contrariamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECtHR), en particular la sentencia CJEU Tele 2 (véase el apartado 99) y el asunto del ECtHR’s Big Brother Watch y otros contra el Reino Unido (véanse los apartados 355 a 356);

– contempla la posibilidad de emitir órdenes sin validación judicial, haciendo caso omiso de lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (CJEU) ha dictaminado sistemáticamente, incluso en su sentencia Tele 2 (apartado 120).

– no proporciona seguridad jurídica; y
– socava el papel de los Estados de ejecución, socavando así la cooperación judicial.
 

La sociedad civil no es la única que plantea serias preocupaciones. La Junta Europea de Protección de Datos (EDPB), jueces como la Asociación Alemana de Jueces, empresas como Proveedores de Servicios de Internet, académicos, colegios de abogados, el Comité Meijers, entre muchos otros, han expresado opiniones similares.

Valoramos el papel de las fuerzas del orden para proteger a la sociedad y comprendemos la necesidad de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley desempeñen sus funciones con eficacia. Sin embargo, la eficiencia no debe lograrse a expensas del debilitamiento de los derechos fundamentales, las garantías jurídicas y la cooperación judicial.

Adjuntamos las opiniones de EDRi sobre las propuestas de “pruebas electrónicas” apoyadas por 41 ONGs en total en el contexto de una consulta pública al Consejo de Europa sobre el tema.

Le agradecemos de antemano su tiempo y consideración.
 

Saludos cordiales,

Simona Levi de parte de Xnet