El pasado martes, con la constitución de la ponencia en la Comisión de Justicia, ha comenzado la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Entre las medidas, la anunciada prohibición del uso de redes sociales por parte de menores de 16 años. Parece que los esfuerzos que los activistas de derechos digitales hemos impreso para que se corrija el rumbo, está teniendo sus efectos. Veamos.

Hasta el momento el debate político al respeto ha sido básicamente un falso debate. Esto es porque impedir el acceso a las redes sociales a menores ya se puede hacer, sin necesidad de matar internet a cañonazos.

Ese control ya existe y tiene nombre: control parental. El control parental permite limitar o bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones, páginas web o servicios; puede restringir horarios de uso, impedir descargas, supervisar actividad y establecer filtros concretos según criterios definidos previamente por madres, padres, tutores o instituciones. Es decir, la herramienta para modular el acceso ya existe, es técnicamente factible y se aplica desde hace años en múltiples dispositivos y entornos, como las bibliotecas o por las familias que ya asumen esta responsabilidad.
Esto es sano, legítimo y no afecta las libertades de toda la población.

Si el legislador quiere convertir esta lógica en obligación general para evitar excepciones o agujeros, hay una vía lógica: en lugar de imponer sistemas generales de identificación para toda la población con la excusa de verificar la edad, lo que debería exigirse es que las familias o responsables de los menores dispongan de controles parentales instalados y configurados según tramos de edad claramente definidos.

Parece que esta hipótesis por fin asoma en el Proyecto de Ley que comienza su camino.

Menos mal. Hasta ahora el debate no solo era falso, sino que embebido en caspa y moralismo tecnófobo. No porque el acceso de menores a determinados productos tecnológicos no sea un problema, sino porque la respuesta que se proponía no solo no iba a la raíz, sino que abría la puerta a mecanismos mucho más peligrosos que aquellos que se quieren resolver. Obligar a toda la ciudadanía a identificarse para acceder a servicios, contenidos o espacios digitales bajo el pretexto de “comprobar la edad” es una fantasía húmeda del autoritarismo y quienes la avalan en nombre de los niños, son cómplices. Es convertir una preocupación legítima en la coartada perfecta para normalizar infraestructuras de vigilancia, trazabilidad y control incompatibles con una sociedad democrática.

Además se olvida algo más importante todavía: el funcionamiento de las redes sociales es tóxico para toda la población. No es a la población a quien se tiene que corregir el comportamiento, sino a las empresas que ganan dinero con un modelo de negocio programado para generar daño a los usuarios, como lo son, por ejemplo, la publicidad y la propaganda segmentadas conductualmente. Eso sí que se puede prohibir; la publicidad —también la publicidad ideológica, es decir, la propaganda— existía antes de esta barbarie y podrá seguir existiendo después. Pedimos pues regulación y sanciones; en suma menos piel fina con las poderosas corporaciones de la tecnología y más respeto para los derechos democráticos de las población.

Proteger a menores, sí. Convertir esa protección en un caballo de Troya contra la privacidad y la autonomía de todos, no.

Simona Levi