Hacienda Somos Todos
17 febrero, 2015

Hacienda somos todos

Actualización:
El Grupo Ciudadano contra la Corrupció a Catalunya consigue que se apruebe la personación como acusacion de la generalitat contra Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina en el caso Palma Arena.
Más info: https://xnet-x.net/hacienda-somos-todos-enmienda
 

Como sociedad civil, recogemos las palabras del Juez Castro en el auto de apertura (Fundamentos Jurídicos a partir de pàgina 66) del juicio oral contra la Infanta Cristina por delito fiscal: «Lo que tú defraudas, lo pagamos todos«.

Reaccionamos ahora, acabada la instrucción, porque las argumentaciones del Juez recogidas en el auto de apertura del juicio oral, así como las posteriores actuaciones de la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los abogados de la defensa del bufete de Roca Junyent, padre de la Constitución (sic) y fundador de CIU, nos han hecho pensar que debemos actuar.

Como ciudadanos responsables, en ningún caso queremos alargar la instrucción o entorpecer el proceso con esta acción. En su momento, desde 15MpaRato pensamos personarnos y decidimos no hacerlo para no ralentizar la instrucción. Así que también en este caso, actuamos con la intención de apoyar la labor del juez Castro.

La llamada «doctrina Botín«, a la que se refiere la defensa también en su último recurso, se «inventó» para garantizar la impunidad de los más poderosos. No es baladí el nombre que figura en su título. Fue dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007 estableciendo que “No puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular”, como únicas partes legítimamente perjudicadas.

Y aquí estamos, la ciudadanía perjudicada, ya que una vez más, en el presente caso el Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria, en dejación de sus funciones, han demostrado que no están por la labor de defender los intereses de los ciudadanos.

Creemos que el bien jurídico protegido en el delito fiscal no le corresponde en exclusiva a una sola instancia administrativa. Creemos que la Agencia Tributaria no tiene el monopolio de la condición de ofendido o perjudicado en los delitos contra la Hacienda Pública, ya que estos atentan contra un bien de titularidad colectiva, compete a la Sociedad Civil en su conjunto, quien es la auténtica perjudicada. Si no fuera así, sería tanto como dejar la persecución real de este delito en manos de la voluntad política de acusar o no por parte del poder ejecutivo de turno, que no solo controla al Ministerio Fiscal sino también a la propia Agencia Tributaria Estatal que lo tendrían tan fácil como no acusar para acabar con el enjuiciamiento del delito. Lo han hecho y lo quieren seguir haciendo.

Sin duda el caso que nos ocupa es más flagrante, porque como ya ha apuntado la Audiencia Provincial de Palma existen importantes diferencias entre el asunto «Botín» y el asunto «Borbón». En este último, el Ministerio Fiscal y la acusación particular sí acusan a sr. Urdangarín por el mismo delito por el que no se quiere acusar a quien la instrucción ha considerado cooperador necesario del mismo delito, la Infanta, en un absurdo jurídico que llevaría a una fácil defensa por parte de los acusados: simplemente tendrían que trasladar los hechos y su culpabilidad a quien no ha sido acusado. No estamos ante doctrina Botín sino que se quiere crear la doctrina Borbón.

Pero queremos llegar más lejos. Queremos dejar sin argumentos desde la Sociedad Civil a lo que parece una discrepancia jurídica cuando es mucho más que eso. Una vez más, la sociedad civil ha de vigilar e intervenir para defender sus intereses ya que las instituciones que deberían representarnos no los defienden. Es en este contexto que el Grupo Ciudadano Contra la Corrupción en Catalunya impulsado por Xnet y que reagrupa personas y grupos activos contra la corrupción en Catalunya (Xnet con su Buzón de filtraciones contra la corrupción; David Fernández diputado de la CUP presidente de la Comisión Parlamentaria sobre el cas Pujol; 15MpaRato; Café amb Llet; la FAVB; junto con otros expertos ciudadanos y con el apoyo de la Comisión Anticorrupción del Partido X) ha redactado, en el ejercicio de su derecho de petición, los siguientes escritos de solicitud formal, que han sido presentados ante la presidencia de la Generalitat de Catalunya, la Agencia Tributaria de Catalunya, la Conselleria d’Economia i Coneixement y la Agencia Triubutaria Nacional.
 
Ponemos también los documentos a disposición, para que cualquier ciudadano pueda presentarlos (click para descargar el pdf):
 

 

¿Por qué desde Catalunya?

Ante la actitud del Ministerio Fiscal y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en este caso y reservándonos acciones en este sentido, hemos pensado que existe una nueva oportunidad de evitar definitivamente que se justifique la doctrina Botín. En estos escritos dejamos claro porque la Generalitat y la Agencia Tributaria de Catalunya deberían personarse como partes perjudicadas para defender los legítimos intereses de los ciudadanos que representan y a los que sirven.

Al ser Catalunya el lugar de residencia de los imputados, la Generalitat tiene un interés directo en el producto de la recaudación de tributos como el IRPF, por lo que consideramos que la sociedad civil catalana, en al menos un 50% de las cuotas delictivas defraudadas, es un perjudicado directo por el presunto delito contra la Hacienda Pública, y como tal, debería ser defendida por sus representantes, evitando así cualquier atisbo de duda sobre la posible aplicación de la «doctrina Botín». De esta manera demostramos de manera indubitada que la condición de perjudicado no le corresponde en exclusividad a la Agencia Tributaria Estatal. Una cosa es que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas le otorgue la exclusividad en la aplicación (gestión e inspección del IRPF -impuesto objeto del delito-), y otra muy diferente es que los recursos de ese impuesto sean en exclusiva del Estado. No siendo esto así, ya que el 50% de la recaudación de IRPF corresponde a la Comunidad Autónoma donde resida el declarante, en caso de delitos del artículo 305 del Código Penal es claro que existe un perjudicado más: la Comunidad Autónoma que ha sido también defraudada.

Hemos visto recientemente un Govern llenándose la boca de defender los intereses de las y los catalanes. Ahora pedimos que lo hagan y que demuestren si una hipotética Agencia Tributaria Catalana de pleno derecho y autonomía estaría del lado de la justicia o de los privilegios.

Exigimos a nuestros representantes que hagan su trabajo, porque hacienda somos todos.

Grupo Ciudadano Contra la Corrupción en Catalunya