Simona Levi, fundadora de Xnet y autora de «Digitalización Democrática, soberanía digital para las personas.

En el pasado World Governments Summit de Dubái del 3 de febrero, Pedro Sánchez anunció: “Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado”. ¡WOW, cómo mola!
Dijo que su Gobierno llevaría las medidas al Consejo de Ministros de la siguiente semana (es decir, el 10 de febrero). He estado en ascuas toda la semana esperando que al fin se hiciera público ese planazo, pero el día del Consejo de Ministros nada de nada.

Así que mi análisis se basará en lo que dijo él en aquella comparecencia.
Es complicado de hacer porque resultó ser un batiburillo de eslóganes del activismo digital, lugares comunes tecnosupersticiosos e ideas antropomórficas sobre la tecnología, junto, todo sea dicho con alguna buena idea que todavía no ha realmente aflorado a la consciencia de sus asesores o, en todo caso, de quién le ha escrito el discurso.

Para bucear en todo esto, voy a exponeros primero lo que defiendo al respeto para que naveguemos su discurso con la misma brújula. Qué se tiene que hacer contra la invasión tóxica de los señoros de las redes sociales de las tierras libres de internet?

En Xnet defendemos:

• Para no crear ningún Ministerio de la Verdad y del Bien, se debe parar de enfocar la atención de los contenidos libremente expresados, para fijarse en el negocio. La lucha sobre los contenidos es mayoritariamente ideológica, la sobre el negocio es objetiva, son pesetas contadas. Crujamos a todo el que gana dinero o paga dinero para viralizar información no verificada o tóxica. A todos ellos se les impone un deber de verificación. Quien paga y cobra tiene que asegurar que el mensaje sea veraz y no cometa ningún crimen (soy consciente de que no todo lo tipificado debería serlo, pero este es otro tema).
• Eso significa también que los algoritmos de las plataformas son los editores que responden a las prioridades de sus jefes, los amos de las plataformas. Si un algoritmo silencia una opinión política y amplifica otra, está haciendo una intromisión consciente, pedida por su dueño, que se puede fácilmente identificar y penalizar.

Vayamos pues a lo que dijo Pedro Sánchez:

1. “España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.” Aunque esto guste a muchos electores, es un plan liberticida, que no resuelve ningún problema, segrega a los adolescentes de la realidad y de la comunicación de su tiempo, generándoles un agravio comparativo. Pero sobre todo deja a todos los demás también privados de libertades básicas: verificar la edad de los adolescentes significa en realidad verificar la edad de todos para excluir que seamos adolescentes y, de paso, vigilarnos, sueño húmedo de cualquier régimen.
   Lo que sería más interesante sobre el tema tanto usado de los menores es gastar el mismo entusiasmo en proveer a la sociedad de dispositivos más o menos capados según las edades. En las bibliotecas y en las instituciones se hace a pesar de que todos sean adultos…
   Dicho esto, con esta medida todavía la tierra prometida no está a la vista. Sigamos…
2. “Se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales.” Son frases como estas las que me acojonan. ¿¿Pero quién le asesora?? A ver: el algoritmo es lo que manipula; no hace falta manipularlo más. Me refiero a que el algoritmo es la orden que los señores propietarios de las big tech dan a sus máquinas para que prioricen contenido que les convenga política o económicamente. O sea: que no hay que imponer que no manipulen el algoritmo, sino que sus algoritmos no manipulen, no promuevan contenido no verificado y su propia propaganda política. Bien lo de «no amplificar contenidos ilegales», si no fuera que …->»Un sistema, una huella de odio y polarización que seguirá, cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio”
   Lo que se dice querer perseguir son cosas abstractas, sujetas a interpretaciones ideológicas y, por esto, polarizantes y sin base objetiva. Sí, se puede crear un sistema para registrar todas las violaciones de derechos que cometen y de hecho desde el activismo hay miles de informes al respecto. Esto sí se puede, se debe hacer y de hecho la UE, armada de su legislación DSA y de la DFA que estamos promoviendo, ya lo hace. Perseguir el dinero de inversión y cobro es el único camino con la objetividad y transparencia clara que permita un cambio de rumbo real y no solo trifulcas electorales o, pero, persecución de la disidencia.4. “Vamos a modificar la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables». Aquí sí, estamos de acuerdo. Pero por otros motivos y otros métodos, y los motivos y métodos no son baladí. No queremos hacer de ellos unos mártires, no queremos avalar sus personajes de paladines de la libertad de expresión porque lo que defienden no es libertad de expresión sino solo la libertad de expresión de quien tiene el dinero suficiente para hacerse oír. Si se les persigue por motivos morales o ideológicos, ganarán a los ojos de la opinión pública. Si es simplemente porque pagan y cobran por productos tóxicos, es un simple business que se puede erradicar… si no fuera que los partidos políticos, todos ellos, son sus principales clientes.
   Sí, porque todo esto está muy de moda, pero si realmente los gobiernos les tienen tanta manía, quizás podrían empezar por no darles la licitación pública de todos los servicios digitales (80% solo en educación) y asiento preferente en los consejos asesores. No nos sorprendamos si luego sus asesores se hacen la picha un lío.

Mientras la sociedad civil seguimos pidiendo, luchando y practicando la #DigitalizacionDemocratica