Intervención en la comisión para el estudio de medidas de lucha contra la corrupción y para la regeneración democrática

Creo que ya tenéis mucho material de otros comparecientes y de las 397 medidas de la Comisión de Investigación de la anterior legislatura. Por eso intentaré aportar otra perspectiva.

Sin otorgarme la representación de nadie más que de mí misma, quiero centrar mi intervención en el que circunstancialmente represento hoy aquí: la sociedad civil; bien, un miembro de la sociedad civil.

Es que la experiencia que puedo aportar en el ámbito de la lucha contra la corrupción y para la regeneración democrática no es dada por mi formación académica o profesional – mi formación es en el ámbito de las artes -, sino por mi experiencia como persona cualquiera que, afectada por las consecuencias de la corrupción y del mal gobierno, junto con otras personas con las mismas inquietudes, decide intervenir, cuando se hace evidente la dejadez de funciones de las instituciones.

Quisiera exponeros que una de las claves para acabar con los problemas de los que trata esta comisión es justamente la colaboración de la ciudadanía organizada fuera de los órganos de representación y alrededor de problemas y necesidades específicas, con la ciudadanía organizada dentro de las instituciones -o sea, vosotros-.
He comprobado demasiadas veces que cuando se rompe este circuito de acción, la democracia retrocede y se debilita.

Lo que puedo aportar hoy es lo aprendido con el trabajo de algunas de las plataformas ciudadanas que he co-fundado, Xnet y 15MpaRato.

Me he ocupado especialmente de casos de corrupción en el ámbito estatal. A pesar de ello, poniendo en común los resultados con los de otros grupos y personas, como constituyendo el Grupo Ciudadano de Trabajo contra la Corrupción en Cataluña, os puedo decir que los patrones de conducta criminal que hemos identificado y las soluciones que podemos extraer son muy similares en todas partes y, por tanto, útiles en esta comisión.

Promoví 15MpaRato en 2012. Es una plataforma que, mucho antes de que cualquier partido o institución, comenzó la campaña que ha derivado en el caso Bankia; catalizando las contribuciones ciudadanas; abriendo el mismo caso Bankia en la Audiencia Nacional como acusación particular; llevando a la opinión pública la publicación de los «Correos de Blesa» y las Tarjetas Black; aportando y haciendo públicas pruebas con las que tanto preferentistas en general como accionistas de Bankia pueden ahora recuperar todo su dinero, tal como ha dictado finalmente el Tribunal Supremo …

Aquí, si me permitís, me gustaría haceros una pregunta -sé que las preguntas las hacéis vosotros, así que la dejo al aire como pregunta retórica aunque sinceramente-: sabíais que todo lo que acabo de enumerar lo ha hecho una coordinación de ciudadanos de a pie?

Hago esta pregunta porque el hecho de que no se sepa cómo se originó un proceso tan relevante es un elemento importante a señalar en relación con la función de la sociedad civil y será un elemento importante para mi exposición posterior.

Otra experiencia que puedo aportar a esta comisión es consecuencia de la primera.
Para poder encontrar pistas sobre lo que necesitábamos descubrir sin que sufrieran represalias las personas que las facilitaran, con otro grupo con quien trabajo, Xnet, aprendimos y creamos las condiciones técnicas y legales para poder gestionar un buzón que pudiera recibir informaciones anónimas de casos de corrupción.

En este contexto he asistido atónita a la gran cantidad de casos relevantes que nos llegan, después de haber sido denunciados a los canales institucionales sin resultados o, peor aún, con el resultado de la persecución de la persona denunciante o del uso de esta información por razones políticas, o para avisar a las personas y los cargos denunciados para que se pongan a salvo.

Creo que no se necesitan ejemplos de lo que quiero decir, dado que son de esta legislatura los recientes episodios relacionados a la anterior dirección de la Oficina Antifraude.

Con este buzón, viendo el desamparo de otras personas que denuncian, hemos tenido que ser nosotros los que creamos protocolos de intercambio de información y de formación entre iguales para ayudar a otras personas, para que llevaran a cabo las denuncias con mejor éxito.

Por último, otra perspectiva desde la que puedo aportar aquí, es la metodológica en el uso estratégico de las TIC para la mejora de la democracia. Desde 2006, cuando, como directora de teatro, fui víctima de una denuncia falsa por violación de copyright, me ocupo de la defensa de un Internet libre y abierto como herramienta y como filosofía.

Definidos los puntos desde donde puedo contribuir, paso, pues, a compartir con vosotros propuestas, la totalidad de las cuales previamente he experimentado.

Creando 15MpaRato – como decía antes la operación y la querella que impulsó el caso Bankia, Tarjetas Black, Correos de Blesa, etcétera-,, aprendimos muchas cosas, y una del todo inesperada: es más fácil imputar presuntos responsables de corrupción – de hecho tenemos casi 80 -, que llegar a hacer saber que esto NO lo han hecho sus iguales, sino gente de la calle, gente normal y corriente. Ni la prensa, ni los partidos – con algunas contadas excepciones-, ni jueces, ni fiscales – con algunas contadas excepciones-, ni los gobiernos, están dispuestos a reconocer que esto puede hacerlo casi todo el mundo.

Esto es grave, no sólo por una cuestión de respeto y verdad histórica – que también -, sino por un problema eminentemente práctico. Mientras os hablo, casi el 70% de los casos de corrupción que se están juzgando, no los han destapado instituciones ni partidos, sino ciudadanos de a pie.

He comprobado un gran esfuerzo por parte de los gobiernos, de partidos y grandes medios – no hablo de periodistas, sino de medios – para atribuirse méritos ajenos y para ocultar a la opinión pública la función activa e incluso necesaria de la sociedad civil.

Se hace el retrato disuasorio de un mundo en el que la sociedad civil es pasiva, irrelevante, y en el que TODO empieza y termina en el monopolio de esta trinidad: gobierno e instituciones, partidos y grandes medios. Y esto no pasa por una conspiración política elaborada – ojalá! -; es sólo marketing, product placement del propio monopolio.

Debemos tomar muy seriamente que se niegue la intervención ciudadana, algo tan esencial para conseguir, por ejemplo, qué otras personas contribuyan a destapar corrupción.

Esto que digo puede parecer un tópico, una queja genérica. Pero os pido que la entendáis en su realismo. Os puedo asegurar que lo que pasa es de una precisión quirúrgica.

Como ciudadanos de a pie, desde dentro de casos concretos, descubrimos cuánto esfuerzo requiere conseguir un informe; que una prueba sea aceptada por el tribunal; que la fiscalía no sea la defensa de los acusados si son del establishment; que un testimonio que viene de fuentes ciudadanas sea tomado en consideración por la prensa y sobre todo no sea captado por ningún partido.

Mientras que el cambio que se ha producido contra la corrupción últimamente, o sea desde el 15M, es porque cada vez hay más ciudadanos que no soltamos la presa y que nos organizamos; me parece claramente que no es un cambio institucional – no ha cambiado casi nada en las instituciones -, es un cambio social.

Si queremos luchar contra la corrupción, esto no sólo se debería reconocer, sino que se debería fomentar, creando protocolos de respeto a la veracidad y recursos gratuitos (fortalecer la justicia gratuita) que fomenten que este modelo se replique.

Encontrándome en medio de todo esto, miro esta inercia en perspectiva. Desde hace algunos siglos, sólo dos han sido los ámbitos políticos que se han tenido en cuenta: el público y el privado.
Las políticas de gobierno y las demandas de los partidos han oscilado entre «más público» o «más privado», y a menudo todavía está pasando así.

Pero ahora estamos en la era digital. Su principal característica es la desintermediación, es decir: los monopolios de los intermediarios en los accesos a la cultura, al conocimiento, a la información, a la producción, a la economía y también a la política, han sido erosionados con un avance radical de la democratización.

La función de los partidos, como la de otros intermediarios de la era pre-digital, ha cambiado.
Creo que ya no tiene que ser la extracción de los recursos de otros, sino una función de facilitación.
El reconocimiento de la sociedad civil no es el de chuparle su propio valor o forzarla en formatos asociativos típicos del sector privado, sino aceptar su alteridad y el hecho de que tiene algo que ofrecer por sí misma en la mesa de juego de la gobernanza.

De este modo, lo primero que pido y deseo para acabar con la corrupción y para una democracia real, es que se reconozca la sociedad civil en igualdad de condiciones, como tercer actor político: «público» en forma de gobierno, instituciones y también partidos; «Privado» en forma de empresas y «sociedad civil» en forma de canales dotados de recursos para permitir colectiva e individualmente a la vez 1) la vigilancia preventiva de las instituciones, 2) la enmienda, nunca partiendo de cero y en tiempo real, en el mismo proceso de borrador y la enmienda que se produce aquí dentro del Parlamento y 3) la transferencia de competencias sin pérdida de identidad.

En mi opinión esta es la participación de la sociedad civil en el siglo XXI.

Hace años que defiendo la participación ciudadana, pero no me he referido nunca al tipo de participación que se ha puesto de moda, algo -digamos- «ocupacional», paternalista -creo-, por una voluntariosa, a veces, o por una simplista e interesada, otras veces, interpretación del 15M.

Defiendo la participación como corresponsabilidad en el trabajo, no como para opinar sin conocimientos y sin consecuencia ni para quien emite ni para quien recibe. Esto se llama libertad de expresión, pero a veces me parece que se confunden la velocidad con el tocino.

Concretando: participación como eficacia y excelencia. En la filosofía hacker hablamos de Doísmo. Es lo que aplicamos con muy buenos resultados en las comunidades de acción online; y del mismo modo se aplica al ámbito del desarrollo científico. Podemos encontrar también algunos ejemplos en experiencias legislativas (Marco Civil Do Internet o a veces en la Unión Europea).

En definitiva, tal y como practicamos con el dispositivo científico-experimental del Partido X, nos parece que este debería ser el formato de la democracia del futuro.

Vuelvo a los intermediarios en el siglo XXI.

En todos los casos de corrupción en los que he intervenido, se repite el mismo patrón de conducta criminal. El origen de la corrupción, debemos buscarlo siempre en el mismo lugar: en los partidos políticos.

El patrón de conducta criminal es una trama que surge en el corazón de los partidos; se usa la estructura «partido» que existe por sus – muchos – militantes honestos que son usados como tapadera, y se envían hombres (o mujeres) de confianza de la red de «mafiosa clientela» a ocupar puestos de mando en el sector público – en las direcciones, consejerías o en los ministerios -, o en el sector privado; los gobiernos terminan siendo brazos ejecutores de la trama criminal, legislando para favorecerla o para no comprometerla.

De ninguna manera quiero faltaros al respeto ya que en mis años de activista he tratado con muchos de vosotros diputados y con aquellos que os han precedido, los cuales en la mayoría de los casos han sido personas trabajadoras, honestas y dedicadas. Sin embargo, creo que hay que dejar de lado las excusas estereotipadas: no son las manzanas podridas, no son los corruptores, no es la picaresca. Creo, y mi experiencia me lo demuestra, que es un problema de la misma estructura de los partidos políticos tal como los hemos heredado.

Ahora se dice como solución que deberían ser más abiertos, se habla de primarias, de listas abiertas … Creo que el problema de los partidos no es que no sean abiertos, ni creo que las listas abiertas como se plantean últimamente sean la panacea.

De hecho los partidos políticos son, posiblemente, la estructura más abierta que existe. En muy pocos sitios es posible afiliarse con tan pocos requisitos.

Es justamente esta forma de apertura que fomenta la creación de estructuras-clientelas. Hemos visto que estas redes de fidelidades y de favores son el caldo de cultivo para la corrupción, con listas abiertas y primarias o sin. En pocas palabras, creo que los partidos como los conocemos ahora son dispositivos con una disonancia evidente entre su estructura – una comunidad abierta, con cuanta más gente mejor, en la que cualquiera que piense o diga que piensa de la misma manera puede entrar, y donde se prioriza la fidelidad ideológica y el charme mediático por delante de las habilidades para solucionar problemas – y el rol que les hemos dado en la sociedad, o sea gobernar, con altas dosis de competencias, las cuestiones más sensibles de la vida de toda la comunidad.

Metodológicamente, claramente no puede funcionar.

Una vez más, creo y he comprobado que dejando a la sociedad civil canales para hacerse adulta, aligeramos la función de los partidos y podrían trabajar mejor. En este sentido, creo que se deberían hacer cambios profundos en leyes como la de partidos y electorales, pero entramos en un terreno de competencias que no trataré hoy.

Yo sí creo en la profesionalización de la política, pero en el sentido de aceptarla como una tarea de gestión contractualmente vinculante con los votantes basada en la vocación y las competencias, con los mismos derechos y deberes que el resto de trabajadores.
Un gobierno que nos represente, no que nos sustituya.

No puedo profundizar más, pero todo esto lo encontrareis sistematizado en el programa prototipo Democracia y Punto.

Volviendo al tema de la denuncia de la corrupción por parte de la sociedad civil, paso a una última cuestión.

En un contexto en el que, como hemos visto, una gran parte de los casos es denunciada por ciudadanos de a pie, no existe en Cataluña ni en España ninguna legislación al respecto. Lo que reciben normalmente a cambio los llamados whistleblowers – o alertadores / denunciantes – son pleitos contra el honor, calumnias, mobbing, acoso, paro, en suma una abrumadora losa de gastos y agravios que disuade a la mayoría de denunciar.

A pesar de que el código penal y otras leyes insten al ciudadano a denunciar, como en toda situación de asimetría de fuerza, denunciar no es viable.

Tanto es así que utilizo el nombre inglés «whistelblower» porque hasta hace menos de dos años un término equivalente no existía en las lenguas latinas europeas; la hemos tenido que introducir nosotros.
En el mundo anglosajón existen legislaciones de protección de los whistlebolwers / alertadores desde 1778. La lista de referencia es muy larga. Necesitamos que aquí también haya una legislación específica.

De forma ideológicamente transversal, organizaciones y personas de la sociedad civil hemos creado un decálogo para una legislación en defensa de los alertadores y denunciantes.

Vemos con satisfacción que este decálogo, que añado en la documentación, está siendo tomado en consideración por varios partidos de diversos colores políticos. Creo que en los dos próximos años conseguiremos tanto una directiva europea como una legislación en el ámbito del Estado español.

Ya que una gran parte de este trabajo se ha llevado a cabo desde nuestras organizaciones en Cataluña, vería con gran satisfacción que Cataluña fuera vanguardia en la redacción de una ley en este sentido.

Para concluir la cuestión de las denuncias de la ciudadanía, debemos tratar brevemente la cuestión del anonimato y de las herramientas de anonimización, muy relevante en la era post-revelaciones de Snowden. Con Xnet somos reconocidos expertos en el tema, pero desafortunadamente hoy no me queda tiempo. Aporto en cambio dos documentos al respecto, uno de la ONU y otro del Parlamento Europeo, en defensa del anonimato y de la encriptación.

La anonimización – o sea, acceder a herramientas de forma anónima, por ejemplo usando TOR – permite corregir la asimetría de la que he hablado. Debemos preservar el anonimato de las personas privadas porque son vulnerables.

La diferencia entre anonimato y confidencialidad es que el anonimato permite a la fuente estar en control del uso que se hace de la información.

Confiar en la confidencialidad «garantizada» por las instituciones no es más que un ejercicio de fe; que se centralice todo el poder (la información) en manos de unas pocas personas – (directivos o administrativos) – que se vuelven todopoderosas y una amenaza para todos, no es, ni nunca ha sido, deseable.
Experiencias como el escándalo de la Oficina Antifraude, así como los éxitos de las filtraciones anónimas contra la corrupción en todo el mundo durante los últimos años, lo hacen evidente.

Sólo decir que estas innovaciones contribuyen a más justicia y más democracia. Hemos de integrar de forma positiva aunque sin ingenuidades – siempre que hay humanos pueden haber abusos -, en lugar de prohibirlas si no entendemos su complejidad.

En conclusión.

Las instituciones no pueden vigilarse a sí mismas.

La gobernanza se puede delegar bajo condiciones contractuales estrictas; pero la vigilancia de la ciudadanía no se puede delegar porque en el momento en el que se hace, aquel en quien se delega, se transforma en institución y entra a formar parte del engranaje para vigilar.

La solución no puede ser, pues, alguien o algo en concreto, sino aquello que las tecnologías digitales ahora consienten: cualquier persona – por favor, vean el matiz: no digo «todos», digo cualquier persona.

Entonces, en resumen propongo:

• Transparencia preventiva (antes de que las cosas se hayan hecho) de las instituciones y de las empresas que impactan sobre más del 10% de la población. La transparencia de estas entidades es básica para que cualquier persona pueda tener la información necesaria para hacerse una opinión o para detectar un fallo en el sistema.
• Canales para la corresponsabilidad de la ciudadanía (con deberes y derechos). Esto significa canales para la vigilancia, la enmienda y la transferencia de competencia. No quiero decir empezar de cero.
• Enmendar la asimetría con más privacidad y anonimato para las personas frente a los grandes poderes público-privados.
• Una ley de protección de los alertadores no asistencialista, sino en este mismo contexto de reconocimiento de la labor ciudadana.
• Modificación de la configuración de las leyes de partidos y electorales – tendiendo a combinar candidatos propios con candidatos por circunscripción y por competencias.

Muchas gracias.

Simona Levi
(Agradecimientos a Lluïsa G.)