Gobierno de España: pasión por el control y odio a Internet – Así no

ePrivacy: Gobierno de España pide más retención de datos desoyendo sentencias de la CJUE y Carta de Derechos Fundamentales de la UE

Las negociaciones del Reglamento ePrivacy (‘Reglamento sobre privacidad y comunicaciones electrónicas’) siguen adelante en la UE. Tras conseguir un buen texto de compromiso (privacidad por defecto, cifrado fuerte y sin backdoors, transparencia y responsabilidad corporativa…), la Comisión LIBE tendrá que defenderlo y negociarlo en los triálogos frente al Consejo de la Unión Europea, que representa la postura de los Gobiernos de los Estados miembro.

Desde el Estado español, mientras la Agencia Española de Protección de Datos está defendiendo la privacidad de los usuarios en el Reglamento, el Gobierno está jugando su usual papel de paladín de las Telecos. Además, España tiene como prioridad aumentar la capacidad de retención de datos en el Reglamento ePrivacy. Esto es especialmente significativo dado que, en la actualidad, España mantiene su Ley de Conservación de Datos nacional a pesar de que el TJUE dictaminó que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea imposibilita en todos los Estados miembro leyes que habiliten “la retención preventiva, general e indiscriminada de datos del tráfico y la localización de todos los usuarios y suscriptores registrados de todas las comunicaciones electrónicas”.

¿Hasta dónde está el Gobierno dispuesto llegar en su afán por recolectar datos y su fobia a Internet?

Cualquier medida de retención de datos incluida en el Reglamento ePrivacy debe específicamente estar acotada, respetando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las sentencias del TJUE, a contingencias concretas en la lucha contra crímenes severos y “limitadas, respecto a las categorías de datos retenidos, las vías de comunicación afectadas, las personas en cuestión y los periodos adoptados, a aquello que sea estrictamente necesario”.

Mientras tanto, Xnet seguimos trabando para anular o reformar la ley de Conservación de Datos aquí.