La industria de la (des)información: exasperar la realidad; destruir la credibilidad

Por Simona Levi, Xnet – Instituto para la Digitalización Democrática

El 8 de agosto ha entrado en vigor Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA).

Vivimos rodeados de titulares chillones y promesas de exclusivas que poco tienen de exclusividad. Partidos políticos, instituciones, negocio mediático y en general cualquiera que tenga medios económicos puede convertir la información en un espectáculo grotesco que prioriza el ruido al rigor, el impacto visual a la profundidad y el escándalo a los hechos. En esta lucha por captar atención, ergo el poder de influencia y la monetización, se ha sembrado un terreno fértil para la obsolescencia de estos mismo actores, incluso de los honestos: el público ya no les cree. De hecho está dispuesto a creer cualquier cosa antes de dejarse engañar una y otra vez. La redignificación del periodismo es una urgencia.

La historia de la circulación de la información desde siempre está tejida con los hilos de intereses que, más que informar, buscan perpetuar sus propias narrativas y preservar su hegemonía. En nuestra época, con nuevos recursos sería ingenuo creer que no iba a ser lo mismo: el drama (real o simulado) reina y el contexto y las soluciones desaparecen, ahogado en un mar de sensacionalismo.

El periodismo de titulares alarmistas, las promesas políticas huecas y las estrategias corporativas opacas no solo degradan la calidad del debate público, sino que también minan la confianza y destruyen las posibilidades de éxito del buen periodismo. En un mundo donde todo es «histórico» o «sin precedentes», el público acaba desarrollando un escepticismo defensivo: si todo es una emergencia, entonces nada lo es. Esto no es solo un problema de estilo, sino una crisis que erosiona los cimientos de una sociedad que quiere ser democrática. Lo que debería unirnos en solidaridad y acción se convierte en una ola de agotamiento y desconexión.

Cuando llega una crisis real, este modelo muestra su verdadero coste. El ruido mediático, las promesas políticas incumplidas y las respuestas empresariales interesadas contribuyen a una desconfianza generalizada, alimentando por necesidad movimientos conspiranoicos e intolerantes y dificultando la coordinación colectiva. En estos momentos, la espectacularización de la información bajo sus intereses políticos y sus ganancias espurias muestra cuan irresponsable y peligrosa es.

La solución no pasa por culpar a internet o a la ciudadanía, sino por exigir responsabilidad a los grandes actores: corporaciones mediáticas, partidos políticos, instituciones y poderes económicos. Tal y como llevo analizando desde 2018 bajo el paraguas de #FakeYou, una investigación para la acción estratégica y legislativa, existe un camino claro: separar la libertad de expresión del negocio de la (des)información o de la información institucional y regular con severidad estos últimos en base a una obligación de verificación y trazabilidad. Esto incluye dotar a la ciudadanía de herramientas para auditar el ecosistema informativo y de poder.

Por esto la Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA), en vigor desde el 8 de agosto, podría y debería ser una buena noticia, pero finalmente lo es solo a medias. La Ley busca mejorar el ecosistema mediático y fortalecer el pluralismo. Por fin obliga a la transparencia en la propiedad de los medios y amplia la garantías para que los periodistas puedan proteger sus fuentes.
 
Pero al mismo tiempo contiene también una grave discriminación, una «Media Exemption» por la que los medios que se autodeclaren como tales estarán más protegidos que otras fuentes que puedan ser igualmente fiables, incluso cuando se ha demostrado que los primeros violan alguna norma de las plataformas de publicación. Esto no es una buena noticia si realmente queremos atacar las raíces de la desinformación y contradice los avances conseguidos con la Ley Europea de Servicios Digitales de 2024. Independientemente de su buen hacer periodístico, cualquier actor puede autoproclamarse proveedor de medios y así obtener privilegios de visibilidad.
La Ley se retomará en otoño en el Proyecto de Ley del Congreso español para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación. Es crucial que interpelemos los partidos políticos para que la Ley española corrija estos errores.

La espectacularización de la información y el ruido disfrazado de periodismo no son una simple anécdota: es una estrategia de control que erosiona nuestra capacidad de discernir y actuar. Si queremos una sociedad más justa y democrática, debemos exigir a todos los grandes actores que sirvan al interés público, no a sus agendas particulares. El tiempo de los fuegos artificiales informativos debe llegar a su fin. Es hora de construir un modelo que priorice los matices sobre el impacto, el análisis sobre el escándalo y la verificación sobre la sospecha. Nada nuevo, ya se inventó; se llama periodismo.
 

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