Mucho antes de que se hablara de nueva política, la CUP ha sido ejemplo de como estar en las instituciones para ponerse al servicio de la sociedad civil organizada.
Ejemplo de ello es que hace unos días pidió a Xnet, en cuanto a expertos en el tema, ir en su lugar a la reunión en sede parlamentaria del Pacte Nacional Societat Digital del Govern de la Generalitat.
Asistió Simona Levi.
Aquí hacemos públicas brevemente nuestras consideraciones respecto a lo que hemos visto para que sean útiles entre otras cosas para la Jornada de Participació Oberta del Pacte Nacional per a la Societat Digital que tendrá lugar mañana día 16 de junio.
El Pacte se configura en 5 ejes:
– Infraestructuras
– Ciberseguridad
– Ciudadanía Digital
– Administración Digital
– Economía Digital
Nos parece que, en cuanto a administración y ciudadanía digitales, se está llevando a cabo un planteamiento serio y pragmático, que quiere resolver problemas concretos y documentados, lejos de limitarse a cumplir con soluciones fáciles para cubrir expedientes «resultones». Éste hubiera podido ser el riesgo en temas de moda como la participación ciudadana y las herramientas para la transparencia institucional y consideramos que el diseño propuesto es rigurosos – aunque siempre mejorable – tanto en usabilidad y accesibilidad como en primar la calidad frente a la cantidad, un rigor mucho mayor, por ejemplo, que los proyectos que conocemos a nivel del Estado.
Sobre la economía digital, también nos hemos llevado una grata sorpresa, ya que el tema de copyright/copyleft y del software libre se trata de forma pragmática, caso por caso, y no fanática y esto es algo que raras veces hemos visto en este tipo de diseño institucional. Consideramos que el planteamiento es alentador para tratar el tema de la innovación con visión de futuro y puede llegar a ser un ejemplo para otras partes de Europa. Naturalmente, falta un acento claro sobre el software libre, pero parece haber espacio para que se pueda defender y consolidar.
En cuanto al tema de las infraestructuras y considerando el fuerte peso de las competencias estatales, hemos detectado un buen cuidado y fomento de las empresas locales y de proximidad (inclusive la red Guifi) y la promesa de que la obligación de incluir la infraestructura digital en toda obra pública se extienda en breve también a diputaciones y municipio.
Aun así, hemos echado alarmantemente en falta y pedido una mucho más clara obligación de retorno social por parte de grandes empresas por el uso de estas infraestructuras.
Por otra parte, no había mención alguna a la vigilancia sobre la neutralidad de la red y hemos pedido que se añada de forma clara y prioritaria. Aunque sea competencia estatal, el trabajo para garantizarla debe y puede ser capilar y la Generalitat debería asumirlo como prioritario y ser un modelo de buenas prácticas.
El eslabón débil – Ciberseguridad
Nuestra principal preocupación por lo que hemos escuchado en el Parlament por parte del grupo experto responsable del Pacte es sobre el enfoque sobre la ciberseguridad.
Mientras que en cuanto a la ciberseguridad institucional el discurso es sensato – entre otras cosas refleja con realismo una falta de tejido empresarial y competencias institucionales -, vemos con preocupación la perspectiva general sobre este tema. Se habla de una “cultura de la ciberseguridad” que produce la memética de que el ciberespacio es peligroso y solo las instituciones te pueden proteger. Este tipo de discurso se repite en la historia para impedir el acceso a la tecnología por parte de la población y para mantener el control sobre ella por parte de los poderes fácticos.
Nosotros rechazamos como globalmente peligrosa y lesiva para los derechos y libertades básicas una actitud paternalista por parte de las instituciones en cuanto a la protección de las comunicaciones de los privados.
La inviolabilidad de las comunicaciones privadas es un concepto normalizado desde el siglo XVIII. El ámbito digital no puede ser un espacio ajeno a este derecho solo tutelado y supervisado por instituciones que además no tienen las competencias suficientes para garantizarlo.
La protección de la privacidad y de la inviolabilidad de las comunicaciones debe estar en todo momento también en manos de las personas. Así como la carta en el sobre de correos no la mete un oficial o un supervisor, el cifrado y protección de nuestras comunicaciones digitales debe ser defendida como derecho básico fundamental y debe ser facilitada por las instituciones que además tienen todo que aprender de la sociedad civil que es quien ha creado las herramientas más avanzadas en este sentido.
La protección de las comunicaciones no es contra el enemigo externo – que también -, ni contra la propia tecnología; es parte de los derechos de las personas en un contexto de uso saludable y normal de los espacios de comunicación.
