Rueda de prensa contra impunidad Santander y sus abusos en el mundo
12 junio, 2017

EL FIN DE LA DOCTRINA BOTÍN – El Banco SANTANDER en el banquillo o #MarcaEspaña: Qué carajo estamos exportando -> El SANTANDER principal responsable de la quiebra de Puerto Rico.

PRIMERA INVESTIGACIÓN PENAL AL BANCO SANTANDER – POR PRIMERA VEZ LA JUSTICIA SIENTA EN EL BANQUILLO A 7 DIRECTIVOS DEL BANCO DE SANTANDER INVESTIGADOS POR BLANQUEO DE CAPITALES…mientras el Banco destruye vidas por todo el mundo.

Índice:

 

Introducción
Por 15MpaRato y Xnet

Corren malos tiempos para el Santander.
La justicia se ha atrevido por fin a tocar al otrora intocable Banco Santander para cuyo presidente se hacían doctrinas a medida para evitar juzgarle – la famosa «doctrina Botín», tal cual – y se indultaba a sus banqueros como en el escandaloso caso de Zapatero con Alfredo Sáenz.

Estas doctrinas e indultos son la desfachada escenificación de la convivencia entre políticos y banqueros para saquear a la ciudadanía.

Es necesario que seamos conscientes del gran paso que supone este pequeño paso contra la impunidad del Santander, el de imputar a 7 de sus directivos por blanqueo de capitales. También es necesario que seamos conscientes de la enorme presión ciudadana y el peso de las evidencias de la lista Falciani que han sido necesarios para que por fin este momento haya llegado. Y de que esa presión y vigilancia ciudadana tiene que seguir ahora más que nunca.

Por todo ello hoy 12 de junio 2017 es un día histórico. Para nosotros tiene que ser el fin de la Doctrina Botín. Y no solo esto. El Banco Santander está arrasando con la población de Puerto Rico.

El día de hoy tiene que servir a dejar claro que no se trata solo de «malas prácticas bancarias» sino de diseños globales para perpetrar aquí y globalmente modelos abusivos, antidemocrático y económicamente devastadores.

Debemos dejar claro, tal y como nosotros hicimos con 15MpaRato en el caso Bankia que no se trata de disfuncionalidades o hechos aislados sino de un modus operandi de convivencia sistémica y de gran alcance.

Convocamos una rueda de prensa en el Congreso en presencia de diputadas y diputados de la “Comisión de investigación sobre la crisis del sector financiero y el rescate bancario” para que no se deje pasar esta oportunidad histórica y esta responsabilidad que como vamos a explicar a continuación es global.

Por esto hoy hablaremos del Santander en dos aspectos:

1 – cómo opera aquí y que representa.
2 – cómo opera en un mundo globalizado y que consecuencias en forma de efecto dominó puede crear globalmente.

No todos saben que el Banco Santander es el principal artífice de la reciente quiebra de un país: Puerto Rico.

Vayamos por partes:
 

Santander: un modus operandi agasajado por el Estado
Por Álex Madariaga – Attac

El Banco de Santander es la primera entidad financiera de España por volumen de beneficios, y ha salido reforzada de la crisis financiera.

Si bien el Banco de Santander no ha sido una entidad salpicada de los sonoros escándalos de gestión como los ocurridos con las cajas de ahorros o Bankia, en la que quizás debido a la fuerte politización de sus directivos les llevo a sentirse completamente inmunes, no por ello es una entidad inmaculada. Simplemente su operativa ha sido mucho más profesional y cuidadosa; se trata de un Banco tradicional, no politizado, y ahí es donde reside su auténtico poder. Realmente el nivel de influencia política y mediática del Banco de Santander ha sido muy superior al de otras entidades, y esto le ha permitido salir airoso de posibles escándalos.

La regularización tributaria de la familia Botín, el posterior proceso judicial y su vergonzosa finalización con la llamada «doctrina Botín» nos demuestra el nivel de poder del que estamos hablando.

¿Cómo es posible que la familia propietaria del principal banco del país reconozca un fraude fiscal millonario (200 millones de euros, el mayor del que se tenga conocimiento) a través de cuentas del HSBC en Suiza y el tema quede simplemente archivado? La familia declaró estos ingresos no de forma espontánea, sino por la filtración de sus datos mediante la llamada «lista Falciani», y allí se quedó todo. No se investigó si había más cuentas en otros lugares, la procedencia de los fondos, la operativa, el blanqueo, etc. Nada. Archivado gracias a una doctrina construida «ad hoc «para el patriarca de la familia, sin acusación por parte del fiscal o acusación particular, no hay caso.Vergonzoso.

Desde hace años que se conoce mediante la publicación de las memorias de la entidad, que el Banco de Santander dispone de filiales en paraísos fiscales (21 en el 2015) Según datos de sus propias memorias y cuentas anuales en dichas filiales se obtuvo un beneficio de casi 1.000 millones de euros, con nula o escasa tributación. ¿Es esto legal? Posiblemente; pero esto es lo que se declara y podría ser la punta del iceberg. ¿Hasta donde llega el uso de entidades offshore por parte de la entidad? ¿Qué se esconde en esas filiales? Sorprende la nula investigación de estos temas por parte de las autoridades nacionales. Otra muestra más del trato de guante de seda que se le otorga al Banco de Santander.

La investigación por parte de la Audiencia Nacional a la cúpula del Banco por blanqueo de capitales abre una vía que no debe desfallecer. Los máximos responsables de la entidad respecto a la prevención del Blanqueo de capitales resulta que deben declarar ante el Juez del juzgado de instrucción número 5 precisamente porque con su actividad colaboraron, presuntamente, en la ocultación de fondos a los investigados por la Hacienda española por la lista Falciani. Otra vez el HSBC. ¿Cómo es posible que los directivos responsables del cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo, utilizaran todos sus conocimientos para colaborar, presuntamente, con el blanqueo de unos defraudadores investigados por Hacienda? Este hecho debe ser investigado en profundidad. Hay que acabar con la impunidad de estas entidades.
 

El Santander principal responsable de la quiebra de Puerto Rico
Puerto Rico: La Colonia Corporativa
Por Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD)

Puerto Rico afronta una de las crisis más agudas de toda su historia, la deuda pública para el año 2017 es de aproximadamente 74.000 millones de dólares (10 veces superior a la media de los diferentes estados de Estados Unidos), lo cual representa con respecto al PIB el 99% del mismo; es decir, que la deuda pública es semejante a la producción anual de la isla, evidenciando la insostenibilidad de esta y la catástrofe económica que se cierne.

La deuda pública con respecto a la población actual de Puerto Rico es aproximadamente de 19.867 dólares; es decir que cada individuo en Puerto Rico lleva en sus espaldas una deuda de aproximadamente 20.000 dólares, lo que representa un poco más de lo que percibe un trabajador anualmente en el país.

El Banco Santander es el principal responsable de esta deuda.
Podemos decir que es práctica y casi literalmente dueño de la población de Puerto Rico.
 

Digresión – Carlos García: El Rodrigo Rato de Puerto Rico
Por Hedge Clippers (Puerto Rico y EEUU), Centro de Comunicación Estudiantil de Puerto Rico

Carlos García es el Rodrigo Rato de Puerto Rico. Es el ejemplo de las puertas giratorias puertoriqueñas entre el gobierno de Puerto Rico y el Banco Santander. Era ejecutivo de Santander Securities, – que maneja los bonos municipales, bonos tóxicos que precisamente fueron los principales responsables del brutal endeudamiento de la población – cuando fue designado para dirigir el Banco de Fomento Gubernamental – estatal en 2009. Como Presidente de BFG fue el arquitecto de la ley que conllevo el despido de miles y miles de trabajadores del gobierno. La misma ley abrió camino para más prestamos tóxicos en la isla – exactamente como Rodrigo Rato con las preferentes. García regreso al Banco Santander cuando dejo el BFG. En el momento de la reciente quiebra del país, Garcia es colocado como parte de la Junta Fiscal de corte colonialista que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto para controlar política y económicamente Puerto Rico – un equivalente a la Troika.

A pesar de denominarse «estado libre asociado a los EEUU» Puerto Rico sigue siendo una colonia estadounidense, y un territorio más de este país. Al contrario de todas las otras comunidades territoriales estadounidenses ya sean ciudades o estados, Puerto Rico no puede declararse en bancarrota, como lo hizo Detroit en 2013. Ese acto le permitiría renegociar su deuda sin la amenaza de demandas judiciales que los acreedores siempre llevan a cabo en este tipo de situación.

– Deuda odiosa e insostenible: El origen de esta deuda proviene en gran parte del estatus colonial de Puerto Rico y de la dominación estadounidense sobre este territorio. Gracias a una serie de ventajas fiscales, especialmente la famosa triple exención de impuestos sobre los títulos de la deuda portorriqueña, se transformó durante un tiempo en paraíso fiscal para empresas e inversores estadounidenses. La crisis de 2008, el descenso del turismo y las medidas de austeridad tomadas en los últimos 15 años han acabado de definir el estado de la isla. Las consecuencias de esta situación son simplemente desastrosas para la población, que sufre una verdadera crisis humanitaria con un agravamiento de la pobreza y de las desigualdades. Cierran cientos de escuelas, también lo hacen los hospitales por falta de medios y de personal; la emigración hacia el continente estadounidense llega a niveles récord.

– Deuda ilegal: El colectivo VAMOS4PR, que reúne a organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de cargos electos locales y de simples ciudadanos y ciudadanas, constituyó una comisión de auditoría. Ya han sacado un primer informe señalando varios indicios de ilegalidad de la deuda de Puerto Rico. La deuda fue contraída en oposición a la Constitución de la isla.
Efectivamente, la Constitución fija varias obligaciones para el gobierno tales como que se están violando:

  • El mantenimiento de un presupuesto equilibrado y la prohibición de pedir préstamos para acabar con el déficit. Sin embargo, Puerto Rico se endeudó en más de 30.000 millones de dólares para financiar su déficit desde 1979.
  • La prohibición de gastar más del 13 % de sus ingresos en el pago de los intereses de la deuda. Actualmente, este gasto oscila entre el 14 y el 25 %.
  • La prohibición de emitir títulos con un vencimiento superior a los 30 años. No obstante, el gobierno de Puerto Rico transforma la deuda en una «bola de nieve», como pasa en casi todos los países del mundo, o sea que se endeuda para reembolsar las deudas anteriores. La comisión cita como ejemplo una deuda emitida en 2014, contraída para refinanciar una deuda emitida en 2003, y esa misma deuda se contrajo para refinanciar una deuda de 1987.

    • – Deuda ilegítima: A pesar del hecho de que la Constitución de la isla contiene normas muy estrictas sobre la gestión de la deuda pública, el Estado y las empresas públicas consiguieron, con la ayuda de los bancos, alcanzar un grado de endeudamiento absolutamente escandaloso. Y esto gracias, especialmente, al fenómeno de la capitalización de intereses.

    • Los CAB (Capital Appreciation Bonds): éstas son obligaciones sobre las que el emisor no pagará los intereses ni reembolsará el capital hasta el vencimiento del título. Pero, mientras tanto, cada año los intereses acumulados se convierten en capital y se agregan al capital inicial. Sobre los 37.800 millones de dólares de deuda CAB de Puerto Rico, el capital inicial representaba apenas 4.300 millones de dólares. Se habla, por consiguiente, de un monto de 33.500 millones de dólares de intereses, y por lo tanto, de beneficio para los bancos. Si se calcula sobre títulos clásicos, equivaldría a un tipo de interés del ¡785 %!
    • La refinanciación de la deuda: si bien ilegal con respecto a la Constitución, Puerto Rico parece que fuera un maestro en el arte de hacer que su deuda disfrute del efecto «bola de nieve», es decir contrae nuevas deudas para poder reembolsar las antiguas. Aunque es una práctica corriente en la mayoría de países, llega a su máxima expresión en lo que concierne a la isla. Puerto Rico y todas las empresas públicas acumulan actualmente 134.000 millones de dólares de deuda, de los que cerca de la mitad, exactamente 61.500 millones de dólar, fueron emitidos para refinanciar viejas deudas.

      • PROMESA: La Ley que establece la Fiscal Control Board «la Troika de Puerto Rico» a la que los puertoriqueños llaman la Junta (en referencia a las Juntas militares):

      Para aportar una respuesta a la crisis de la deuda de Puerto Rico —sin preocuparse en lo más mínimo de la crisis humanitaria que lo acompaña— el gobierno federal de Estados Unidos sacó la artillería pesada, con nada menos que un mini FMI casero llamado Fiscal Control Board, o sea una Comisión de Control Fiscal, a la que los habitantes de Puerto Rico le han dado el sobrenombre de La Junta. Esta Comisión instituida por la ley PROMESA, aprobada en julio de 2016, está formada por siete miembros, de los que cuatro son nombrados por el grupo republicano de la Cámara de Representantes y los otros tres por el grupo demócrata. También es miembro de la Comisión el gobernador de Puerto Rico, pero sin ningún poder de decisión ni derecho a voto. La función de dicha Comisión es restaurar la «responsabilidad fiscal» del gobierno de Puerto Rico y así permitir que acceda, nuevamente, a los mercados financieros para financiar sus inversiones. Pero la Comisión no tiene por misión «reflotar» Puerto Rico ya que no se trata de un rescate tal como se hizo con los bancos. El dinero que falta tendrá que ser encontrado en el mismo Puerto Rico, mediante una sabia mezcla de recortes en los gastos públicos, de despidos y de privatizaciones. Para los que no conocen bien esta receta: es exactamente la misma que la de los Planes de Ajuste Estructural, del Documento Estratégico de Reducción de la Pobreza, de la Iniciativa PPME, de los memorandos griegos y de otras alegrías del mismo tipo aplicadas por más de 30 años a gran escala, sin que hayan producido algo más que un rancho infame del que solo algunas rapaces se aprovechan. Aparte de su programa, que no aportará ninguna mejora a la situación económica de Puerto Rico y agravará aún más la situación ya dramática en la que se encuentra la población, esta Comisión plantea muchos problemas en varios ámbitos:

      1. Está impuesta por el gobierno federal de Estados Unidos, que el pueblo puertorriqueño ni siquiera puede elegir.
      2. Tiene el poder de llevar a cabo reformas neoliberales profundas, que siempre sirvieron solo para engendrar más miseria, desigualdades y gran dependencia económica, sin obligación de consultar al Parlamento de Puerto Rico, muy al contrario.
      3. Está formada por personas muy alejadas de la realidad cotidiana de la población de Puerto Rico, y sus miembros puertorriqueños tienen una gran responsabilidad en la situación económica actual de la isla.
      4. Los conflictos de intereses manchan sus currículums, incluso antes de que se realizara su primera reunión. (Véase recuadro)
      En resumen, la instauración del Fiscal Control Board refuerza más la dominación colonial de Estados Unidos respecto a Puerto Rico y la legitima al calificar a los antiguos gobiernos de Puerto Rico como irresponsables, debiendo situarse bajo la autoridad superior de la Comisión de Control Fiscal.
       

      Santander: productos tóxicos y saqueo
      Por la PAH Comisión Internacional

      En España conocemos de cerca la estafa hipotecaria orquestada por el Banco Santander a través de su filial UCI desde donde se concedieron miles de hipotecas subprime con los terribles resultados ya bien conocidos hoy en día. Hipotecas que en muchos casos se vendieron a compañías como Altamira propiedad del fondo buitre Centerbridge Partners a precio de saldo y con los que se nos forzaba a negociar.

      ¿Quiénes son?

      Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) es una entidad financiera que ha desarrollado en España un sistema fraudulento de comercialización de hipotecas de alto riesgo, o hipotecas subprime y pertenece al grupo Santander. A través de la red de intermediarios inmobiliarios (APIs), coloca hipotecas basura utilizando engaños sobre el cliente mediante el uso de mecanismos complejos de contratación que hacen creer al consumidor que está concertando un producto altamente ventajoso, siendo que en realidad implican un alto riesgo de impago (financiación del 100% o superior de costes de operación para personas con inestabilidad laboral o ingresos insuficientes – jóvenes, inmigrantes – o para operaciones de cambio de casa altamente arriesgadas), cuotas de enganche rebajadas, capitalización de intereses, irregularidades en la tasación, fomento de la venta de VPO por encima de su precio entre otras condiciones ilícitas y de grave perjuicio económico y personal.

      UCI utiliza el sistema de captación mediante cuotas iniciales rebajadas artificialmente para hacer atractivo el producto hipotecario (cuota-anzuelo), el monto del préstamo se determina en última instancia por el prestamista elevándolo artificialmente, (gastos de intermediación, comisión de apertura, gastos de tasación realizada por una tasadora con acuerdo estratégico con UCI, gastos de notaría elegida por UCI, seguros de índole diversa – seguro hipoteca con las aseguradoras norteamericanas GE Mortgage y AIG, esta última rescatada varias veces por la Reserva Federal en el marco de las crisis subprime, etc.). Algunas modalidades incluyen períodos de carencia iniciales con capitalización de intereses (anatocismo, del griego ana- repetición, tokismos- usura)

      1- Hipotecas UCI
      Para muestra de cómo pueden ponerse las matemáticas financieras al servicio de la usura, un botón: la entidad cobra deliberadamente cuotas mensuales que no cubren la totalidad de los intereses devengados, por lo que el capital se incrementa y genera a su vez más intereses. La deuda resultante será infinita, exponencial, inasumible. Sorprendentemente, o no tanto, la Audiencia Nacional se ha negado a investigar un entramado fraudulento que afecta a medio millón de personas. Así que no queda otra que acudir a la vía civil.

      2- Hipotecas Tranquilidad
      Nuevamente el Banco Santander se sirve de marcas y filiales para vulnerar los derechos de los consumidores. Las Hipotecas Tranquilidad de Banesto llevaban implícito un mensaje publicitario engañoso, pues con tranquilidad la entidad no se refería a las ganancias del banco, sino a que las cuotas eran estables. La apariencia de estabilidad se lograba con una exposición confusa del sistema de amortización y del tipo de interés aplicable, que son dos elementos bien distintos. En suma, el banco incluyó un sistema de amortización de cuota creciente combinado con un tipo de interés fijo durante unos diez años, que luego pasaría a ser variable. Lo que nunca explicó el banco es el verdadero alcance del sistema de amortización progresivo (con una razón del 2 o del 2,5%), que implica pagar muchos más intereses que con el sistema habitual (francés). Y lo peor: es ahora cuando los clientes están empezando a descubrir que el sistema de amortización creciente se mantendría en el período de tipo de interés variable. La batalla judicial no ha hecho más que comenzar.

      3- Préstamos renta universidad
      El Banco Santander ocupa portadas con sus “inversiones” en la universidad. He aquí un fraude cum laude con la inestimable colaboración gubernamental. En 2007 se crea un sistema de préstamos-renta para financiar las matrículas de posgrado, un instrumento que suele presentarse como alternativa a las tradicionales becas. Nada más lejos de la realidad. Si bien las condiciones de los préstamos de 2007 podrían tildarse de razonables (devolución del préstamo condicionada a superar una renta de 22.000 euros y sin intereses), las ventajas desaparecieron en sucesivas convocatorias. Qué mejor que la red comercial de un todopoderoso banco para colocar préstamos envenenados sin la debida información. Hoy estos jóvenes titulados forman parte de la generación más formada de nuestra historia, pero también candidata a más precaria. Casi no han empezado a trabajar y ya están endeudados. Afortunadamente se están organizando, el primer paso para lograr una solución justa. Derecho y razón no les faltan.

      4- Valores Santander
      Los Valores Santander son instrumentos financieros de elevado riesgo que el Banco Santander comercializó en 2007. La entidad necesitaba dinero para financiar la adquisición de un banco holandés. Y ya se sabe lo que sucede cuando un banco quiere dinero. La entidad creó de la nada unos bonos convertibles en cinco años que colocó a pequeños ahorradores de toda la vida o a inversores que no sabían el verdadero alcance de lo que estaban contratando. Obviamente, los clientes de la entidad sufrieron cuantiosas pérdidas cuando las obligaciones se convirtieron en acciones del Banco. Debido al incumplimiento generalizado de sus obligaciones informativas, las numerosas demandas presentadas en los Juzgados están teniendo, con carácter general, un notable éxito. Y es que los Valores Santander bien podrían conocerse como “las preferentes del Santander”.

      5- Banif Inmobiliario
      Lo primero que llama la atención del caso Banif Inmobiliario es que logró eludir con prontitud el foco de los medios de comunicación. Las cifras del fraude son mareantes: 45.000 personas y 2.500 millones de euros. Banif Inmobiliario era un fondo de inversión que especulaba con viviendas. Y de aquellos polvos… Tras el estallido de la burbuja, una polémica tasación extraordinaria motivó que los inversores quisieran rescatar su dinero, ocasionando la iliquidez del fondo. Ni los inversores recuperaron todo su dinero, ni la Justicia estimó sus pretensiones. Un dato: el banquero entonces responsable de Banif, Alfredo Sáenz, fue indultado por el Gobierno en 2011. El delito por el que había sido condenado nada tenía que ver con el fondo Banif Inmobiliario, sino con una denuncia falsa por otro turbio asunto.

      Por nuestras PAHs han pasado miles de familias que buscaron un mejor futuro para sus hijos y para ellas mismas hipotecándose para satisfacer un bien de primera necesidad: la vivienda.

      El Banco Santander, banco líder en España, trata a familias como la de Paola, Alex, José, Vicente o Consuelo [2] como ciudadanos de segunda categoría. Obligándoles a negociar con terceras entidades y negándose a pactar una dación en pago. Pretenden que estas familias, que pagaron durante años por unas casas que ya no tienen porque han sido ejecutadas, continúen pagando incluso después de perderlo todo. Esta anomalía en la legislación hipotecaria española permite a gigantes como el Banco Santander continuar lucrando de la vulnerabilidad de miles de familias.

      Ese mismo banco que fingía preocuparse cuando nos quisieron vender sus hipotecas hoy nos acosa, nos miente, se niegan a realizar ofertas por escrito y nos coacciona para que aceptemos acuerdos inviables que no terminarán de solucionar nuestro problema y que nos dejará, a nosotras y nuestras avalistas, con deudas de por vida.

      Por este motivo nos unimos a la lucha global contra Santander Group. Desde Puerto Rico donde sabemos que este gigante financiero está detrás del endeudamiento injusto e insostenible del país a las oficinas en EEUU donde los trabajadores y trabajadoras ni siquiera tienen el derecho a sindicarse. Las familias de la PAH sabemos lo que significa que unos pocos se enriquezcan sin medida mientras miles nos quedamos sin casa y endeudadas de por vida. Hoy decimos BASTA y unimos nuestras luchas. Nosotras somos más y ahora caminamos juntas. ¡Si Se Puede!

      Santander y abusos laborales en EEUU y Brasil
      Por Action Center on Race & the Economy, ReFund America Project

      Santander ha amenazado con represalias contra sus trabajadores en Estados Unidos y Puerto Rico que están tratando de organizarse en sindicatos.
      Los trabajadores de Santander en los EE.UU. no están sindicalizados y no tienen los salarios que sus colegas en el resto del mundo. Por ejemplo un trabajador de Santander en España, gana $15,000 más que un trabajador promedio en los EE.UU. Además en los EE.UU. Santander es autor de préstamos más tóxico de vehículo en el que la mayoría de las víctimas son Latinxs o AfroAmericanxs. En los EE.UU. el sindicato CWA y las organizaciones comunitarias New York Communities for Change, y Make The Road están trabajando para sindicalizar a los trabajadores de Santander en EE.UU. y lograr que tengan voz y puedan defender a consumidores de las prácticas predatorias del Santander.

      Confederação Nacional dos Trabalhadores Financeiro de Brasil denuncia despidos masivos e improcedentes a pesar de que la unidad brasileña sea la más lucrativa del mundo.
       

      La coordinación de organizaciones convocantes compuesta por:

      – Xnet y 15MpaRato (Catalonia / Spain) juntamente con Hervé Falciani (responsable de la lista Falciani)
      – La PAH (Catalonia / Spain)
      – Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) (Catalonia / Spain)
      – Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) (Spain)
      – ATTAC (Spain)
      – Kalmanovitz Initiative for labor and the working poor-Georgetown Univerisity Washington DC (USA)
      – Hedge Clippers (USA and Puerto Rico)
      – Action Center on Race & the Economy (Chicago/Detroit, USA)
      – ReFund America Project (Chicago, USA)
      – Center for Popular Democracy (New York, USA)
      – Make the Road CT (Connecticut, USA)
      – Centro de Comunicación Estudiantil (Puerto Rico)
      – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Brasil)
       

      NOTAS

      [1] Los miembros del Fiscal Control Board:
      El Fiscal Control Board está formado por siete miembros y el gobernador de Puerto Rico, pero éste no dispone derecho a voto en la toma de decisiones. Entre esos siete miembros, cuatro fueron nombrados por los miembros republicanos del Congreso y tres por los demócratas. Además, cinco de entre ellos tienen relaciones con las instituciones financieras del sector público y del sector privado.

      José B. Carrión III: director de una compañía de seguros, es el presidente de la Comisión. Es un hombre que tiene un entorno particularmente bueno: su padre era el director del banco más grande de Puerto Rico, el Banco Popular (y ahora es un primo suyo el que ocupa ese puesto). Su hermana trabaja para un banco de negocios y también es consultora en Wall Street. Está casada con el representante de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, Pedro Pierluisi, acusado de introducir unas leyes que benefician a los clientes de su esposa.

      Andrew G, Biggs: republicano, ferviente partidario de la privatización de la seguridad social y de los recortes en las pensiones cuando era consejero económico de Bush hijo. Por sí solo, hace mentirosa la promesa de la Casa Blanca de que la ley PROMESA protegerá las pensiones.

      Carlos M. García: ex ejecutivo del banco Santander, actual presidente del Banco de Desarrollo de Puerto Rico, forma parte de aquellos que pusieron en marcha el sistema de capitalización de intereses (anteriormente desarrollado), al mayor provecho de su antiguo empleador. También es el orfebre de la Ley 7, que permitió al gobierno declarar temporalmente una urgencia fiscal y despedir a miles de empleados del sector público en respuesta a la crisis financiera. Es necesario señalar que la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) condenó al banco Santader a una multa de 6,4 millones de dólares por haber revendido en forma fraudulenta títulos de la deuda portorriqueña a particulares, sin informales previamente del riego que asumían.

      José R. González: es también ex ejecutivo del banco Santander en Puerto Rico, junto a Carlos M. García. Trabajó igualmente en varios bancos, entre otros, el Crédit Suisse en Boston.

      Arthur J. González: estuvo largo tiempo en el IRS (el fisco estadounidense), luego fue abogado privado de grandes sociedades, y continuó su carrera como juez en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos (United Status Bankruptcy Court). Tuvo la «suerte» de trabajar en las tres mayores quiebras de los últimos años (Enron, WorldCom y Chrysler, faltándole solamente Lehman Brothers)

      Ana J. Matosantos: la única mujer de la Comisión, ex directora del departamento de finanzas de California y actual presidente de Matosantos Consulting.

      David A. Skeel Jr.: profesor de derecho de quiebras.
      Con semejante equipo, una sola cosa es segura: los acreedores de Puerto Rico pueden dormir tranquilos. Estas personas tienen casi todas importantes lazos con el sector privado, incluso directamente con algunos acreedores del propio Puerto Rico. Parece evidente que se empeñarán en defender los intereses de los acreedores, y ciertamente no los de la población.

      Como una anécdota: uno de los consejeros de Rob Bishop, el republicano autor de la ley PROMESA, se llama Bill Cooper. Este último escribió una parte de la ley PROMESA, la que concierne a la transición energética de la isla a gas natural, y se intuía que podía ser el presidente de la Comisión de control. Finalmente, tuvo que renunciar, por conflictos de intereses. |5| Bill Cooper había olvidado mencionar que había sido presidente del Centre for Liquefied Natural Gas (Centro para el Gas Natural Licuado), el grupo de presión de los productores y transportadores de este combustible.
       

      [2] ALGUNOS CASOS HIPOTECARIOS, YA SOLUCIONADOS, TRAS LUCHA Y OCUPACIONES

      PAOLA
      Paola y su ex-marido compraron una vivienda para empezar a crear su hogar fuera de su país. Al quedarse los dos en paro vinieron los problemas económicos y la ruptura de la relación. A pesar de que Paola rehízo su vida y estaba a punto de ser mamá, aún continuaba teniendo a cuestas el problema de la hipoteca.
      Con unos ingresos de 400 € del paro de Paola y 1200 de su ex marido Aktua (empresa a la que Santander vendió su hipoteca) pretendía que cubrieran la cuota del la hipoteca y el alquiler de la vivienda en la que vivía el ex marido. Comer y vivir no era su problema.
      La vivienda que se tasó en su día por 234.000 euros la volvieron a tasar en 69.000 € y pretendían dejarles una deuda de 40.000 euros que era más del doble de la deuda que les hubiera quedado en caso de ir a subasta. La intransigencia y malas formas del Santander provocó un estrés tremendo en la parte final del embarazo de Paula. Al final, con el apoyo de la PAH y tras varías acciones y ocupaciones, Paola consiguió una dación en pago y alquiler social en su misma vivienda.

      ALEXIS Y LUCIA
      Alexis y Lucia son una matrimonio con un hijo de 9 años que durante 3 años lucharon por conseguir la dación en pago sin ningún resultado.
      Durante ese tiempo el Banco Santander, con su política de no negociación, solo hizo que marearlos para al final no dar solución o la callada por respuesta aunque se presentó la documentación requerida en numerosas ocasiones.
      A los 3 años el Banco Santander informó a Alexis y Lucia que su hipoteca pasaba a ser gestionada por Altamira (vendida al fondo buitre Centerbridge Partners) y que negociara con ellos. Altamira continuó sistemáticamente ignorando a la familia. Solo la presión de la PAH consiguió que Alexis y Lucia consiguieran la dación en pago y el alquiler social.

      VICENTE Y CONSUELO
      Vicente Ferrer y Consuelo Más de 77 y 70 años respectivamente y con graves problemas médicos (él con una depresión grave que le lleva a no querer salir a la calle y ella con una diabetes tipo B) vieron como un día el Banco Santander, a través de Aktua subastaba su vivienda.
      Con unos ingresos de 700 € al mes tenían que hacer frente a sus abultadas facturas médicas y a las cuotas de otros préstamos personales que les concedió el Santander en su momento para que fueran pagando la hipoteca. Con deudas con la comunidad de vecinos y con las compañías de luz y agua Vicente y Consuelo no tenía quien les pudiera ayudar. Su único hijo los avaló pero su vivienda estaba también hipotecada y en proceso de ejecución con otra entidad. La oferta de Aktua era quedarse con su casa, con todo lo cobrado hasta entonces y dejarles con una deuda de por vida de 30.000 €. Con la lucha de todas conseguimos la dación en pago y un alquiler social.