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Recordando lo aprendido en la lucha contra ACTA y la Ley Sinde, dentro del marco de la resistencia al TTIP

Por: Simona Levi, Isabel Sanchez Flores, Alfa Sánchez

Este sábado a las 19:15h Simona recordará lo aprendido con #ACTA y como aplicarlo a la lucha contra el #TTIP, dentro de las jornadas del Día de Acción Contra el TTIP, en el CCCB de BCN.

Una Red neutral, donde nadie tenga el poder de ejercer un bloqueo que restrinja la libre interconexión, información y comunicación de sus usuarios y donde mi Bit no vale menos que el Bit de una multinacional, existe por que los “padres fundadores ;)” la han hecho así. Se puede mejorar, pero se debe sobretodo preservar contra los ataques que quieren transformar una vez más una herramienta de todos en una herramienta de unos pocos.

La lucha por la neutralidad de la Red y por la aprobación de legislaciones que la blinden legalmente es una batalla clave para la democracia en el SXXI y la libertad humana.

La razón para atacar la neutralidad de la Red tiene una doble función.
-Política: un control total por parte de los gobiernos y de los intereses que los dirigen sobre la herramienta, sobre un espacio en el que las oportunidades de partida son iguales para todos. Para ejercer este control se necesitan excusas e inculcar miedos suficientes como para que una población acepte mansamente ser expoliada de sus libertades.

– Económica: Todos los modelos que democratizan la posibilidad de emprender afectan monopolios económicos que reclaman ser protegidos. Para ejercer este control se necesitan excusas e inculcar miedos suficientes como para que una población acepte mansamente ser expoliada de formas de subsistencia comunes.

Internet es una herramienta de democratización a muchos niveles. Como los llamados Tratados de Libre Comercio y como EN los Tratados de Libre Comercio, las diferentes leyes dirigidos a controlar Internet han tenido y tienen el mismo espíritu: legislar saltándose los cauces democráticos reconocidos, creando e intentando aplicar una legalidad diferente a la que contempla el ordenamiento jurídico y que consideramos unos mínimos que además han sido conquistado por luchas anteriores.

Por ejemplo, si recordamos la primera redacción de la llamada Ley Sinde:

2. Los órganos competentes [figura “retórica” para disfrazar que ya no es un tribunal que actúa sino un simple órgano administrativo, al estilo de una comisión de censura, autónoma de la ley] para la adopción de las medidas, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información [o sea cualquiera que use internet, desde un simple blog a la mismísima Telefónica] que está realizando la conducta presuntamente vulneradora [zas, me salto la presunción de inocencia], podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.

Vemos como su redacción revela, además de una total ignorancia sobre qué es y cómo funciona esto de Internet, se salta de un solo brinco la legalidad y la presunción de inocencia, permitiendo que sean las multinacionales y lobbys, con el beneplácito de los gobiernos y dejando a un lado los órganos judiciales, los que controlen qué es legal o no en la Red.

Según este modelo, las empresan privadas vigilan y supervisan la información compartida; Telefónica, y no la ley, controla el espacio; mientras que los jueces solo cursan (autorizan) las órdenes (“vamos a cerrar tu web”, “dame todos los datos de este usuario”) sin que medie resolución alguna, esto es, sin esclarecer o no si hay delito.
Todo esto llevado a cabo mediante un trámite de urgencia reservado hasta el momento para cuestiones de máxima importancia tales como:

a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
d) La protección de la juventud y de la infancia.

Un trámite que solo era utilizado para la defensa de intereses comunes pasa de este modo a estar al servicio del gremio del copyright, un monopolio que dificulta la libre circulación de la cultura y el beneficio de las autoras y autores, equiparando los intereses gremiales de las multinacionales a los del común, la ciudadanía.

Pero como bien ilustra Cory Doctorow, la guerra del copyright es solo un ensayo de una vía para intentar el control de internet.

El espíritu de esta primera versión de la ley, cuyo daño desactivamos en su esencia en dos años de lucha, es parte de esta nueva moda económico-legislativa (no tan nueva porque tiene varios decenios empezando por los países en desarrollo) que, a medida que se afianzan embrionarias “democracias”, busca el modo de pasar por encima de los cauces que se van paulatinamente considerando democráticos.

Esta misma estructura se da con todos los Tratados de Libre Comercio que se han sufrido en otros continentes y que intentan que suframos en Europa también.

Tratados que se caracterizan por una total falta de transparencia, además de ser producto de procesos de negociación absolutamente antidemocráticos en los que se elude cualquier tipo de mecanismo de participación en la toma de acuerdos, dejando a un lado ciudadanía y Parlamentos, incluyen, además, articulaciones cuyo objetivo es otorgar a grandes empresas y corporaciones el derecho a obviar los Tribunales de Justicia nacionales e internacionales.

Así se intentó con ACTA que versaba no solo sobre propiedad intelectual, sino también sobre patentes y marcas, incluyendo aquellas patentes con una elevada carga social, como las manipulaciones genéticas, los productos transgénicos, las patentes de software, modelos de negocio impuestos, etc.).

Debemos hacer notar además que todos estos tratados y leyes se refieren a delitos o supestos delitos por los cuales ya existe un marco jurídico en los cuaces normales y reconocidos del ordenamiento jurídico.

ACTA fue, hasta el TTIP, el más masivo intento en Europa, pero demostramos que no eran impunes; tumbamos ACTA completamente en 2 años de lucha, demostrando que la la presión de los grupos de la sociedad civil consigue y seguirá consiguiendo victorias.

Si en ACTA todos los puntos estaban incluidos directamente, ahora, como veremos en CETA, TTIP y TISA se ha volcado un esfuerzo considerable en fragmentar el contenido e intentar ocupar en muchos frentes diferentes y agotadores a la sociedad civil. Aún así la vigilancia ciudadana no cesa de conseguir victorias.

La lucha es, además, memética.

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Como hemos dicho, la cruzada por la protección de los monopolios va acompañada de un intento de criminalización de la herramienta que intentan controlar. Si el mensaje “esta herramienta sirve para hacer el mal” cala en la sociedad, los ciudadanos nos volvemos menos reacios a aceptar perder poder sobre ella.

Mientras los monopolios del copyright están más bien agotados o en parte reconvertidos y menos agresivos en estos tratados, el control de la herramienta, el control de Internet se está intentando por otros imaginarios criminalizadores.

Informaciones recientes indican que EE.UU. solicita incluir en el TTIP parte de su Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA). Bajo la cláusula del “buen samaritano”, esta ley otorga a los proveedeores de servicios e intermediarios de internet el derecho de actuar, siempre que sea de “buena fe”, como policías de la Red, monitorizando e incluso sancionando preventivamente actos que puedan suponer una posible infracción. Bajo dulces palabras como “decencia” y “buena fe” se quiere imponer una legislación que pone otra vez a las corporaciones por encima de la justicia y el estado de derecho y abre las puertas de par en par a la censura, poniendo en riesgo, no solo la neutralidad de la red, sino también los derechos fundamentales de nosotros, los usuarios.

Y de nuevo, estamos hablando de delitos sobre los que ya existe legislación. Internet no es otro mundo, es una parte importante de éste. Ya hay leyes contra el acoso, aplicables al “ciberacoso” u otras formas de “indecencias”.

Si bien es cierto que del TTIP no se ha podido filtrar casi nada sobre la inclusión de temas de copyright, lo peor del tratado ACTA podría reaparecer de nuevo como un grave ataque a derechos fundamentales como son la libertad de expresión, la privacidad y el libre acceso a la información y el conocimiento, entre otros.

Su propia estructura, la del TTIP, es parte de este diseño que pretende saltarse los cauces convencionales de la democracia justo ahora que la ciudadanía los está conquistando.

Y una vez más no lo permitiremos.

¡Seguimos!