Directiva contra el Terrorismo: la seguridad no es sustituto de la libertad

Directiva contra el Terrorismo: El Parlamento Europeo contra nuestras libertades

Este miércoles día 15, la Comisión de Libertades Civiles de la Unión Europea vota la Directiva Europea contra el Terrorismo, que ha acabado siendo una excusa para recortar nuestros derechos.

Y nosotros sin enterarnos, ¿verdad?

Nos preguntamos qué hacen los eurodiputados de los partidos  alternativos al PPSOE – que promueven la directiva – para que tenga que  ser la sociedad civil quien de la alerta ante este tipo de peligros.

Tan grave es la amenaza para nuestros derechos y libertades que decidimos publicar aquí el análisis que hacen nuestros compañeros de la Quadrature Du Net del texto que se votará el miércoles.

Una vez traducido el análisis nos golpeó la noticia de la masacre de Orlando. Creemos que es el momento de no dejarse manipular y de pensar con la cabeza fría exigiendo a nuestros políticos medidas serias contra el terrorismo en lugar de medidas oportunistas que buscan un internet y una ciudadanía más vigilados y menos seguros.

La vergonzosa reacción de políticos como Donald Trump aprovechando la masacre para pedir “más vigilancia” nos han convencido de la necesidad de publicar esta reflexión también en español.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/742034549232766976

Pedimos a la ciudadanía y a los medios que nos ayuden a difundir la información  y a vigilar que una vez más que el Europarlamento – por ignorancia o  por intención – no traicione a los ciudadanos.

Seguimos.

Directiva contra el Terrorismo: El Parlamento Europeo contra nuestras libertades

Original: Directive on Terrorism: The European Parliament against our freedoms (fr)
Muchas gracias por la tradución a Sara
 
Lejos del interés mediático en Francia y en Europa, en estos momentos se está debatiendo en el Parlamento Europeo una propuesta de Directiva sobre el terrorismo, que se votará en la comisión LIBE el próximo 15 de junio. Esta Directiva pretende encuadrar las políticas y leyes anti-terroristas existentes y futuras en Europa y tiene una gran importancia para el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía europea. Sin embargo, los debates y negociaciones en curso hacen temer que las libertades salgan perjudicadas y que las medidas que atentan contra los derechos se alineen con las políticas de censura y vigilancia, especialmente con respecto a Internet. Los eurodiputados tienen que retomar las riendas y reforzar las garantías para los ciudadano europeos.

La Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva sobre el terrorismo en diciembre de 2015. En un principio, pretendía establecer definiciones comunes y un marco armonizado para facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, contra la financiación del terrorismo y la ayuda a las víctimas. Poco a poco, el texto se fue haciendo más restrictivo bajo los auspicios de la ponente Monika Hohlmeier (PPE – DE [1]) y del apoyo (o la presión) de los gobiernos (en particular, el francés). Este texto sobre la lucha anti-terrorista que se aplicará en todos los países de la Unión Europea ha ido recogiendo todos los elementos negativos que La Quadrature du Net viene denunciando en Francia desde hace dos años: censura de los sitios web, ataques contra el cifrado y la vida privada, fuerte vigilancia digital y ausencia de garantías para los derechos fundamentales.

 

¿En qué situación se encuentra actualmente el debate en el Parlamento Europeo?

La Comisión de Libertades Civiles (LIBE) votará el texto el próximo 15 de junio. Este voto es especialmente importante, porque determinará la forma casi definitiva del texto. Tal y como están las cosas, el equilibrio de fuerzas políticas perjudica a las libertades fundamentales:

  • La ponente Monika Hohlmeier (PPE – DE) defiende desde el principio una línea dura, y continuamente intenta incrementar las medidas de vigilancia y censura;
  • El centro-izquierda (S&D, Social Demócratas), representado por la ponente alternativa Caterina Chinnici (S&D – IT), mantiene una postura de “esperar a ver qué pasa”. Además, Francia hace presión sobre sus eurodiputados socialistas para que apoyen todas las propuestas que emanan de la derecha, y está claro que la ponente de este grupo no tiene especial intención de oponerse a los graves abusos contra los derechos presentes en el texto actual;
  • Los centristas (ALDE, Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa) tienen una larga tradición de defensa de los derechos fundamentales en el Parlamento Europeo. Sin embargo, el ponente para este grupo Petr Jezek (checo) se está quedando demasiado al margen y debería implicarse más contra la alianza securitaria del PPE – S&D;
  • La ponente de los Verdes (Verdes/ALE) es la francesa Eva Joly, quien se opuso vehementemente a la ley nacional de vigilancia en Francia. También el grupo de los Verdes tiende tradicionalmente a oponerse a la vigilancia y a todo abuso contra la libertad de expresión en general. Desgraciadamente, Joly está mostrando en este momento un comportamiento completamente desacertado ya que no se está pronunciando contra las peores propuestas, así que es esencial que su grupo político recupere el control de la posición de los Verdes;
  • Solamente la alemana Cornelia Ernst (GUE/GVN, Izquierda Unitaria Europea) se ha implicado claramente contra los excesos del documento, y se posiciona explícitamente por la defensa de los derechos fundamentales.

La situación se encuentra en un momento muy delicado: la presión moral y mediática del riesgo terrorista unida a la presión de algunos gobiernos (en particular, Francia) para que la Directiva justifique sus propias medidas legislativas, están haciendo que el texto en preparación sea una especie de sombrilla legislativa demasiado grande y demasiado poco protectora, poniendo en el punto de mira de nuevo a Internet y a los derechos fundamentales.

 

¿En qué medidas se centra La Quadrature du Net con respecto a esta propuesta de Directiva?

La Quadrature du Net se ha centrado en analizar las enmiendas transaccionales[2] que están siendo debatidas actualmente y que conciernen los derechos fundamentales en Internet y en las comunicaciones digitales. Así pues, esto no concierne la totalidad de la Directiva.

Sobre los abusos a la libertad de expresión

La enmienda transaccional #6 (para el considerando 7 y para el artículo 14a) tiene como objetivo establecer “toda medida necesaria” para suspender o bloquear el acceso a páginas web que incitan públicamente a cometer actos terroristas. Así, hace explícitamente posible el bloqueo de sitios web, lo cual atenta gravemente contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información. Sin embargo, esta medida no es realmente eficaz contra la propaganda terrorista, como lo demuestra el caso francés, que implementó esta medida a nivel nacional hace 18 meses. El texto de la enmienda tampoco prevé ninguna garantía de recurso judicial ni de control de la censura por un juez, lo cual se asemeja al marco legislativo creado en Francia. Los otros países europeos tendrán que aceptar esta directiva e implementar estas medidas, cayendo en el mismo error que ese país: censura opaca, sin garantías y sin apenas resultados.

Y no contentos con promocionar este tipo de censura (que de momento sigue siendo sólo una excepción, en Francia) por toda Europa, los eurodiputados proponen también atribuir responsabilidad penal a las compañías que no cooperen con respecto a la eliminación de contenidos y bloqueo de sitios web [3]. En las versiones más recientes del documento se pide simplemente que los sitios web retiren cualquier contenido “a la carta”, sin ninguna garantía y bajo pena de ser impugnados. Esto supone una destrucción en toda regla del frágil equilibrio entre la responsabilidad de los contenidos en línea y los derechos fundamentales [4].

Sobre el cifrado y las pruebas electrónicas

La enmienda transaccional #10 incluiría un considerando 15b, sobre la cooperación entre estados miembros, Eurojust y Europol con el objetivo de recoger, compartir y aceptar las pruebas electrónicas [5]. Es decir, que la cooperación entre estos actores se aplicaría a las investigaciones y la vigilancia ejercida sobre las redes. Sin embargo, el texto es muy ambiguo. Si bien la cooperación internacional es algo positivo, el documento tal y como está ahora queda muy incierto. Las enmiendas que propuso la ponente al comienzo de los debates mencionaban explícitamente como obstáculos a las investigaciones a Tor, los VPN (red privada virtual) y otras herramientas que protegen la vida privada. Actualmente ya no se hace mención directa a estos instrumentos, pero aun así se teme que sean víctimas de disposiciones perjudiciales en el futuro. Como mínimo, estas disposiciones tendrían que acompañarse de definiciones claras del derecho a la vida privada y del derecho de secreto de las comunicaciones electrónicas, y también habría que hacer hincapié en el derecho de cifrado, el derecho al anonimato, y el derecho a usar seudónimos (ver la propuesta de La Quadrature du Net sobre la vigilancia).

Sobre los conceptos de “ayuda” y “complicidad”

La enmienda transaccional #4 concierne la ayuda y la complicidad para cometer crímenes terroristas. En concreto, el considerando 11 y el artículo 16 no especifican claramente la noción de “intención”, dejando la puerta abierta a interpretaciones demasiado amplias. El hecho de que ciertas herramientas — como las que permiten el cifrado — sean utilizadas por terroristas no puede ser justificación suficiente para considerar cómplices a aquellos que las diseñan y las usan. Es imprescindible que el concepto de “complicidad” quede claramente definido, y que implique que el supuesto cómplice tenga la intención de ayudar a alguien directamente responsable de un delito. Si no, ¿qué pasaría con alguien que pusiera en línea un sistema de chat cifrado a disposición de todxs? ¿Qué responsabilidad se le atribuiría a un servicio como Tor?


[1] Eurodiputada alemana, del Partido Popular Europeo (donde se encuentran los eurodiputados del Partido Popular español).


[2] El proceso es el siguiente: primero, el/la ponente del texto presenta su informe, es decir, las enmiendas que va a someter a voto. Posteriormente, cada eurodiputado puede proponer enmiendas adicionales. A continuación, y después de muchas reuniones a puerta cerrada entre el/la ponente principal y lxs ponentes alternativxs (llamados “shadow rapporteurs”), el/la ponente presenta las enmiendas llamadas “de compromiso” o transaccionales, que son el fruto de negociaciones opacas. La/el ponente y lxs ponentes alternativxs llevarán a cabo varios diálogos. Las diferentes versiones propuestas no son públicas, y el curso de las negociaciones tampoco lo es, lo cual deja la puerta abierta a chanchullos antidemocráticos.


[3] Esta disposición ya había sido propuesta por la francesa Rachida Dati (del PPE) cuando preparó su informe sobre el terrorismo, que fue adoptado por el Parlamento europeo el 3 de noviembre 2015.


[4] Hay que tener en cuenta que la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha expresado abiertamente su preocupación por la opacidad de las discusiones entre los gobiernos, EUROPOL y las grandes compañías de Internet que tienen lugar en el Foro de Internet, donde definen las reglas de la lucha contra el discurso de odio, fuera de todo marco legal y sin la presencia de representantes de la sociedad civil, como también lo ha denunciado EDRi


[5] Según la ley francesa, una prueba escrita queda definida como el resultado “de una serie de letras, caracteres, cifras o cualquier otro signo o símbolo que tengan un significado inteligible, independientemente de su soporte o método de transmisión”. Se usa una prueba para demostrar la validez de un acuerdo, de una acusación, etc. La prueba escrita incluye una prueba electrónica.