La organización que impulsó el proceso judicial contra Rodrigo Rato en el caso Bankia ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas la decisión del Consejo de Ministros de abonar 1.350 millones de euros a ACS como compensación por el fin del proyecto gasista Castor.
El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, señala "la existencia de responsabilidades contables derivadas del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros celebrado el 3 de octubre de 2014", con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Para evitar la prescripción, la denuncia se ha presentado antes de que se cumplieran cinco años de esa decisión tomada por el Ejecutivo del PP, un plazo que vence este jueves.
"Estamos en un supuesto clarísimo de dolo o cuanto menos negligencia grave de los gestores de los fondos públicos", aseveran los denunciantes, al haberse compensado a Escal "no para favorecer el interés general" sino para evitar "la quiebra de la mercantil ACS", que controla esa sociedad participada.
En 2010, Escal obtuvo la autorización para desarrollar el almacén subterráneo Castor, para el que se le concedió una retribución. En 2014, frustrado el proyecto gasista, Escal renunció al explotamiento de la plataforma y acordó la hibernación de las instalaciones, que quedaron asignadas a Enagás; así quedó delineado en el real decreto-ley de 3 de octubre de 2014. Sin embargo, tal y como critica la organización Xnet, responsable de la denuncia, "la efectividad de la renuncia no implica, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que la actual sociedad titular y sus accionistas deban, en su caso, afrontar por su gestión".
Xnet ya auspició anteriormente el movimiento 15MpaRato, origen de los procesos judiciales que han afectado al ex vicepresidente del Gobierno; este martes, precisamente, el mediático caso Bankia quedó listo para sentencia. Actualmente, Xnet se integra en la iniciativa Caso Castor, que de momento no ha visto prosperar su búsqueda de responsabilidades ni ante la Audiencia Nacional ni ante el Tribunal Constitucional, aunque elevará su recurso a Europa y también lo ha intentado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en este nuevo intento sobre la bocina.
El freno del Constitucional al decreto
El mencionado decreto-ley reconocía un valor neto de la inversión de 1.350 millones y estipulaba que se le abonara dicha suma a Escal y a ACS. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de distintos artículos de ese decreto, lo que provocó la paralización de los pagos y además la obligación de un reintegro de 368 millones. Para los denunciantes, que buscan responsabilidades, no basta: "El dictado de la sentencia del Tribunal Constitucional no ha evitado que desde hace más de tres años los consumidores hayan pagado un recargo por el fracasado proyecto Castor".
Las inyecciones de gas en Castor se paralizaron en 2013 ante los seísmos que en paralelo se habían experimentado en el litoral de Castellón. El entonces ministro de Industria José Manuel Soria reconoció una "probabilidad alta" de que ambos hechos estuvieran relacionados y optó por ordenar el cese de actividades en el almacén radicado en la costa de Vinarós.
El documento, firmado por la activista de Xnet Simona Levi y dirigido al fiscal-jefe Miguel Ángel Torres Morato, expone que, "una vez ha resultado todo en un estrepitoso fracaso, el Estado, que no estaba obligado a compensar nada a Escal UGS S.L.(la infraestructura nunca llegó a estar operativa), optó por otorgar una ayuda de Estado encubierta a la sociedad Escal UGS SL", y añade: "Como es sabido, las ayudas de Estado están prohibidas por ser contrarias a la libre competencia y competitividad empresarial». Por ello, los denunciantes solicitan ante la Fiscalía que "ejercite ante el Tribunal de Cuentas la acción de responsabilidad contable".
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