Nuestro nuevo estudio, elaborado por \u00d2scar Capdeferro (Universitat de Barcelona), Simona Levi (Xnet) e Isidre Obregon para la Escola d'Administraci\u00f3 P\u00fablica de Catalunya (EAPC), analiza los l\u00edmites actuales de los mecanismos de protecci\u00f3n a las personas alertadoras en el Estado espa\u00f1ol y propone mejoras orientadas al desarrollo de una regulaci\u00f3n catalana m\u00e1s ambiciosa.<\/p>\n
Un sistema desconocido por quienes deber\u00eda proteger<\/strong><\/p>\n Los datos recogidos en la investigaci\u00f3n revelan una brecha estructural de conocimiento entre el personal p\u00fablico: el 82% desconoce la existencia del canal interno de alertas, el 89% ignora que puede denunciar irregularidades, y el 87% desconoce que puede hacerlo de forma an\u00f3nima. Esta falta de conocimiento deja el sistema pr\u00e1cticamente sin efecto en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n Propuestas de mejora en tres niveles<\/strong><\/p>\n El estudio formula medidas concretas de actuaci\u00f3n: reformar la Ley 2\/2023 para reducir exclusiones y ampliar la cobertura de protecci\u00f3n; desarrollar una normativa catalana que supere el umbral m\u00ednimo de la transposici\u00f3n europea; y mejorar la aplicaci\u00f3n del sistema vigente mediante sanciones m\u00e1s efectivas, mayor coordinaci\u00f3n institucional y una difusi\u00f3n m\u00e1s activa entre el personal p\u00fablico.<\/p>\n Un ciclo de protecci\u00f3n integral y preventivo<\/strong><\/p>\n El informe subraya que la protecci\u00f3n no debe activarse \u00fanicamente cuando ya se han producido represalias. Un sistema eficaz debe abarcar todo el ciclo: informaci\u00f3n previa accesible, canales seguros para presentar alertas, investigaciones desarrolladas con plenas garant\u00edas procedimentales y protecci\u00f3n efectiva en la fase posterior a la denuncia.<\/p>\n Lagunas jur\u00eddicas que generan inseguridad<\/strong><\/p>\n El an\u00e1lisis identifica deficiencias de calado en el marco normativo actual. Si una alerta es inadmitida en un canal, la persona alertadora puede quedar excluida de la protecci\u00f3n, incluso si la misma alerta es admitida posteriormente en otro canal. A ello se suman la ausencia de v\u00edas claras para exigir protecci\u00f3n judicial efectiva y la falta de cobertura de medidas cautelares durante el proceso.<\/p>\n Debilidades en el dise\u00f1o institucional<\/strong><\/p>\n El estudio se\u00f1ala, por \u00faltimo, un exceso de dependencia de los mecanismos administrativos en detrimento de la tutela judicial, escasa claridad en el acceso a esta \u00faltima y ausencia de mecanismos preventivos s\u00f3lidos frente a represalias. En este \u00e1mbito, pa\u00edses como Chipre y Eslovaquia han desarrollado marcos m\u00e1s avanzados que pueden servir de referencia para el caso catal\u00e1n.<\/p>\n